Este martes, la Cámara de Diputados debatirá la media sanción del Senado que propone restringir el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa busca que un solo rechazo en el Congreso anule un DNU y establece plazos estrictos para su ratificación.
La Cámara de Diputados se apresta a retomar este martes desde el mediodía un debate clave para controlar uno de los mecanismos que el gobierno de Javier Milei ha utilizado con creciente frecuencia: los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La oposición impulsa una reforma que modifica la ley vigente que regula estos decretos, con el objetivo de acotar su uso y fortalecer el rol del Congreso en la toma de decisiones.
El instituto de los DNU fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 para permitir respuestas rápidas del Ejecutivo en situaciones excepcionales, evitando demoras que pudieran afectar el interés público en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta herramienta se ha usado en forma más discrecional y extendida, en particular desde la llegada de Milei al gobierno.
La ley actual, sancionada en 2006 durante la presidencia de Cristina Kirchner, blindó los DNU al establecer que solo el rechazo de ambas cámaras del Congreso puede anular un decreto, mientras que bastaba la aprobación de una sola para que el DNU permaneciera vigente. Esta regla hizo que la oposición tenga difíciles barreras para revertir decretos que consideran perjudiciales o excesivos.
El proyecto aprobado por el Senado, y que ahora pasa a Diputados para su tratamiento en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, introduce varios cambios sustanciales. Entre ellos, se destaca que bastará que una sola cámara rechace un DNU para que quede sin efecto. Además, fija un plazo máximo de 90 días desde su publicación para que el Congreso ratifique el decreto; si no se aprueba dentro de ese plazo, pierde validez.
También se establece un tiempo máximo de 48 horas hábiles para que una cámara comunique a la otra su decisión respecto a cada decreto. Por otra parte, el Ejecutivo quedará imposibilitado de dictar un nuevo DNU sobre la misma materia durante el mismo período parlamentario si el anterior fue rechazado.
El proyecto, que la oposición quiere acelerar para concretar su aprobación en sesión especial convocada tentativamente para el 1 de octubre, busca poner freno a la capacidad del Ejecutivo para avanzar en políticas sin consenso legislativo, un aspecto que ha generado fuertes tensiones en el Congreso durante el actual mandato.
Este debate tiene lugar en un contexto de disputa política creciente entre el oficialismo y la oposición, ya que los DNU han sido una herramienta frecuente para implementar medidas en áreas como la energía, la reestructuración de organismos públicos y la gestión presupuestaria, entre otras.
Con esta ley, la oposición aspira a restaurar el equilibrio institucional, otorgando al Poder Legislativo mayor poder de control y participación en las decisiones que afectan el marco normativo del país.
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