La Misión de la ONU denunció una escalada de represión en Venezuela. El informe documenta detenciones arbitrarias, desapariciones de activistas y 823 presos políticos. Los expertos también revelan un patrón de violencia sexual y de género en las cárceles.
En un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha publicado un nuevo informe que documenta un agravamiento de la represión en Venezuela. El documento, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de mantener un “patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones” contra activistas políticos, defensores de derechos humanos y sus familiares, se produce después de que Washington desplegara su flota armada en el Caribe, publicado en El País.
El informe, que se debatió este lunes en Ginebra, es una radiografía del estado de los derechos humanos en Venezuela. La misión de la ONU ha revelado que en las cárceles del país hay todavía 823 personas presas por motivos políticos, de las cuales 100 son mujeres y 89 son extranjeros. Al menos 70 de ellos se encuentran gravemente enfermos, lo que agrava la situación. La Misión señaló que, a pesar de que el gobierno ha decretado decenas de excarcelaciones, la persecución contra opositores “no ha parado”.
Uno de los hallazgos más crudos del informe es la documentación de la violencia sexual y de género contra los prisioneros. La misión ha identificado 22 hechos documentados en seis estados de Venezuela, con víctimas que incluyen a mujeres, niñas, adolescentes y hombres. El informe detalla patrones de violencia como “sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada”. En uno de los casos, una detenida relató que los custodios militares le exigían tener relaciones sexuales a cambio de beneficios como realizar llamadas telefónicas a sus familiares.
El informe también recoge el testimonio de la madre de un adolescente detenido, a quien los custodios le decían: “Ahí viene la mamá del fascista, del niño delincuente”. La mujer relató que la obligaban a quitarse toda la ropa durante la requisa y que en una ocasión el comisario llamó a todos los funcionarios de servicio para que la miraran desnuda. El informe denuncia que los tribunales, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han hecho la vista gorda ante estas denuncias y no han emprendido ninguna investigación. La misión, que ha entregado seis informes desde que fue constituida en 2019, concluye que la situación de los derechos humanos en Venezuela es “alarmante”.
La situación de los derechos humanos en Venezuela se produce en un contexto de alta tensión con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha acusado a Maduro de liderar un cártel de drogas y ha desplegado su flota armada en el Caribe, una situación a la que el gobierno venezolano ha respondido con la militarización del país y el entrenamiento de civiles en el uso de armas. Henrique Capriles Radonski, un dirigente de la oposición, ha criticado el despliegue militar del gobierno y ha exigido una desescalada interna. “Si realmente quieren paz, deben dejar la persecución”, afirmó.
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos es un grito de justicia ante la impunidad. El experto de la Misión, Francisco Cox, ha señalado que ante el “sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”. La denuncia de los crímenes que se cometen en las cárceles y en los centros de detención es un recordatorio de que, a pesar de que el gobierno de Maduro se defienda de las acusaciones de Estados Unidos, su propio expediente de violaciones a los derechos humanos es cada vez más largo y más grave.
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