La Cámara de Diputados creó una comisión especial integrada por 31 legisladores comandada por tres mujeres, que investigará el brote de fentanilo adulterado que causó decenas de muertes. Tendrá hasta diciembre para presentar un informe.
La Cámara de Diputados creó una comisión especial integrada por 31 legisladores comandada por tres mujeres, que investigará el brote de fentanilo adulterado que causó decenas de muertes. Tendrá hasta diciembre para presentar un informe.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 17 de septiembre de 2025 la formación de una comisión investigadora destinada a esclarecer la contaminación del fentanilo distribuido en unidades de salud que provocó al menos 100 muertes en distintas provincias.
El espacio parlamentario cuenta con la representación proporcional de todos los bloques políticos y está formado por 31 diputados. La presidencia quedó a cargo de Mónica Fein, diputada de Encuentro Federal; Silvana Giudici, de PRO, asumió como vicepresidenta, y la secretaría recayó en Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. Esta conducción tripartita y paritaria se destaca por integrar voces de diferentes espacios políticos.
Entre los principales objetivos asignados a este cuerpo se encuentra la investigación de la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos vinculados al consumo de fentanilo contaminado, con detallado seguimiento por fecha de inicio, jurisdicción, y resultado clínico.
Se indagará la cronología y alertas sanitarias nacionales, así como la respuesta estatal a través de organismos clave como el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
La comisión también evaluará el proceso productivo y la habilitación de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., ambos vinculados a la producción del lote adulterado. Además, analizará los mecanismos de control y trazabilidad de medicamentos controlados, buscando identificar fallas que permitieron la circulación del fentanilo contaminado sin detección previa.
Se contempla la facultad para convocar a funcionarios públicos y representantes privados, solicitar documentación e informes, recibir denuncias y testimonios, y realizar inspecciones que permitan determinar las responsabilidades sanitarias, administrativas y penales derivadas de este episodio, tanto de empresas como de funcionarios públicos a nivel nacional, provincial y municipal.
La comisión tiene como plazo máximo hasta el 9 de diciembre de 2025 para elaborar y entregar un informe final que compile las conclusiones y recomendaciones. Entre sus primeras medidas está convocar a familiares y víctimas para reconstruir la dimensión humana de la tragedia y fortalecer la transparencia del proceso investigativo.
Esta iniciativa legislativa representa un acto de respuesta institucional ante una crisis sanitaria que causó un impacto grave y diverso en el país. La eficacia y alcance de esta comisión dependerá de su independencia, profundidad y compromiso para esclarecer no solo la contaminación, sino también las fallas regulatorias e institucionales que permitieron este hecho.
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