La actriz presentó una denuncia judicial tras recibir mensajes en X con amenazas de difundir un video íntimo falso que la vincula con el expresidente Alberto Fernández. La causa está en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.
La actriz presentó una denuncia judicial tras recibir mensajes en X con amenazas de difundir un video íntimo falso que la vincula con el expresidente Alberto Fernández. La causa está en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.
Florencia Peña formalizó una denuncia ante la Justicia por amenazas en redes sociales relacionadas con un video íntimo que la involucra, sin pruebas, con el expresidente Alberto Fernández. La actriz fue hostigada a través de mensajes en la plataforma X (antes Twitter), donde un usuario anónimo aseguró poseer dicho material y amenazó con difundirlo públicamente.
La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la dirección del fiscal Aníbal Brunet. Según detalla el acta judicial, el agresor utilizó etiquetas y menciones directas para propagar su amenaza en forma pública.
En respuesta, la Justicia ordenó medidas urgentes para resguardar las publicaciones y datos de la cuenta involucrada, siguiendo un protocolo de protección digital durante 90 días.
En declaraciones, Peña negó rotundamente la existencia del video y calificó las amenazas como parte de una “operación política” de un sector afín a La Libertad Avanza. La actriz calificó de “psicópata” al usuario que se hace pasar por ella para difundir afirmaciones falsas que afectan su integridad personal y profesional.
Esta situación se enmarca en un contexto de acoso sistemático por parte de grupos hostiles, que ya en 2024, cuando Peña visitó la Quinta de Olivos para una reunión con Alberto Fernández, circulaban rumores infundados y campañas de misoginia en redes. La artista ha expresado su malestar por esta forma de violencia digital y ha recibido apoyo de diversos sectores sociales.
Las autoridades continúan con la investigación para identificar y sancionar a los responsables de las amenazas, un delito que además de la intimidación, implica la suplantación de identidad y la difusión de información falsa en plataformas digitales.
El caso de Florencia Peña visibiliza los riesgos y desafíos que enfrentan figuras públicas frente a la violencia y el hostigamiento en redes sociales. Más allá de la denuncia puntual, la situación abre un debate necesario sobre las medidas judiciales y tecnológicas para proteger la privacidad y la integridad en el entorno digital.
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