Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, fue procesado y embargado por un billón de pesos. La Justicia lo investiga por ordenar destruir pruebas del lote contaminado de fentanilo que causó al menos 100 muertes en hospitales de Argentina, poniendo en riesgo la salud pública.
Las investigaciones judiciales revelaron videos grabados durante allanamientos que muestran a García Furfaro y su círculo íntimo coordinando la destrucción de pruebas y la falsificación de documentos vinculados a la producción del lote 31202 de fentanilo contaminado con bacterias como Ralstonia y Klebsiella.
En esos videos, el empresario instruye completar de forma irregular la documentación, conocida como batch record, y coordina eliminar físicamente las muestras bajo métodos de esterilización con autoclave para borrar rastros del lote mortal.
El caso reflejó la gravedad del control sanitario deficiente en la fabricación y fiscalización de medicamentos. El Instituto Malbrán confirmó la contaminación bacteriana y la muerte de al menos 100 personas. El juez federal Ernesto Kreplak señaló el incumplimiento sistemático de las Buenas Prácticas de Fabricación y la responsabilidad del laboratorio y su cúpula directiva en un entramado de codicia y negligencia que costó vidas.
García Furfaro enfrenta cargos por adulteración de sustancias medicinales y encubrimiento con una pena de hasta 25 años, además del embargo sobre sus bienes por 1 billón de pesos, la cifra más alta en una causa sanitaria argentina.
Junto a él fueron procesados familiares y directivos, algunos con prisión preventiva, quienes participaron en estas maniobras criminales para evitar sanciones y proteger sus intereses económicos.
El drama del fentanilo contaminado pone sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los controles estatales, garantizar transparencia y regular con más severidad la industria farmacéutica para evitar tragedias futuras. La sociedad exige justicia para las víctimas y medidas concretas que aseguren la calidad y seguridad de los medicamentos.
El ente máximo del fútbol mundial registró en su web de infracciones cinco casos para el “Ciclón”.
La producción del ciclo tomó la determinación tras una entrevista no autorizada que la panelista brindó a otro canal. El hecho ocurrió en medio de un clima de tensión por un reciente enfrentamiento al aire con María Fernanda Callejón.
La Justicia de Morón detuvo al principal sospechoso de balear al dueño de un supermercado el pasado enero. La investigación, que incluyó a Interpol, vincula el hecho con una red de contratación remunerada para ataques comerciales.
Acompañado por Eugenia Suárez, el deportista regresó a Buenos Aires para presentarse ante el Juzgado Civil N.º 106. El motivo del llamado judicial es una deuda de 147.582 dólares vinculada a la manutención de sus dos hijas menores.
Tras el choque con Mauritania, la Scaloneta volverá a jugar martes 31 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.
La Agencia Espacial Europea restableció comunicación con el satélite Coronagraph-1 tras un mes de silencio total. Un giro orbital permitió que los paneles solares captaran luz, activando los sistemas de emergencia que el equipo técnico en España utilizó para retomar el control.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acción legal contra la Universidad de Harvard. El Gobierno busca recuperar miles de millones de dólares en fondos federales alegando violaciones a los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes.
La Justicia Federal de Córdoba dictó la prisión domiciliaria para un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba acusado de difundir mensajes antisemitas. El operativo, impulsado por una denuncia de la DAIA, incluyó el secuestro de material tecnológico en su vivienda.
