El Tribunal Oral Federal 7 condenó al exministro de Planificación a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la compra de Gas Natural Licuado. Roberto Baratta y Nicolás Dromi también recibieron penas y deberán devolver más de cinco millones de dólares al Estado.
El Tribunal Oral Federal 7 sentenció de manera unánime al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cuatro años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La causa investiga irregularidades en la compra de once buques de Gas Natural Licuado (GNL), realizada entre 2008 y 2009 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de crisis energética conocida como el Programa Energía Total (PET).
Junto a De Vido, fueron condenados Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua, y Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de la empresa Diligentia S.A., a tres años de prisión en suspenso, como partícipe necesario.
El fallo establece que durante la adquisición de GNL, se realizaron pagos por más de 5,5 millones de dólares a intermediarios que no aportaron valor técnico ni experiencia en el sector. Entre las firmas beneficiadas están Diligentia S.A. y Dysan S.A., vinculadas a la familia Dromi e YPF, que actuaron como brokers en la operación de compra de once cargamentos.
La justicia determinó que estas comisiones fueron arbitrarias y contrarias al interés público, y que estos pagos generaron un perjuicio económico directo al erario.
En términos patrimoniales, De Vido y Baratta deberán responder de forma solidaria por 731.744 dólares, mientras que junto con Nicolás Dromi, la suma a reintegrar por daños económicos asciende a 4.791.600 dólares. La instancia para dar detalles y fundamentos del fallo quedó fijada para el 28 de noviembre próximo.
Los fiscales a cargo del caso, Fabiana León y Nicolás Codromaz, habían solicitado penas superiores en sus alegatos finales, destacando la inexistencia de informes o análisis técnicos que justificaran la contratación de estas empresas intermediarias, algunas sin experiencia ni capacidad técnica acreditada.
Cabe destacar que este proceso se extendió durante más de una década y fue objeto de seguimiento público, con audiencias realizadas mediante plataforma Zoom y transmitidas en vivo, donde se detallaron las pruebas que permitieron acreditar el fraude.
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