El Senado ratificó el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley Garrahan. Las universidades celebraron el triunfo legislativo y exigieron al Gobierno la inmediata promulgación de las normas para frenar la crisis presupuestaria.
El Congreso de la Nación ha asestado un nuevo revés político al presidente Javier Milei, al ratificar la decisión de la Cámara de Diputados y rechazar de manera definitiva el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La votación en el Senado concluyó con 58 votos a favor y solo 7 en contra, una abrumadora mayoría que obliga al Poder Ejecutivo a promulgar la norma. Las universidades de todo el país celebraron la medida, que tiene como objetivo central recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar los gastos operativos de las casas de altos estudios.
La Ley de Financiamiento Universitario se convierte así en un hito, ya que el año pasado, ante una ley similar, el Congreso no pudo revertir el veto presidencial. La Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que la insistencia de los legisladores “saldó una deuda”, y remarcó que la norma “representa el anhelo de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país: defender como valores innegociables la educación pública universitaria, la salud y la investigación científica”.
Tras la victoria legislativa, la UBA y las federaciones sindicales han instado al Gobierno a promulgar la ley “a la brevedad” y a garantizar “su aplicación efectiva”, temiendo que el Ejecutivo demore su implementación, como sucedió con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), calificó la decisión del Congreso como un “hito histórico” y celebró que “los legisladores escucharon al pueblo y actuaron en función de lo que la Nación pedía”. De igual forma, Norberto Heyaca, secretario general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, subrayó que los trabajadores universitarios han sido los más afectados por el ajuste, ya que “hemos perdido un acumulado de seis sueldos” desde el inicio de la gestión.
La nueva ley es un respiro para las universidades, ya que prevé la reapertura de paritarias (que estaban paralizadas desde octubre del año pasado), la actualización de fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, y la creación de una caja de $10.000 millones para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto presupuestario de la ley para este año sería de $1.959.974 millones.
La jornada en el Senado fue una doble derrota para el presidente Milei. Además del rechazo al veto de la ley universitaria, la Cámara alta también revocó el veto a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, una iniciativa impulsada por los trabajadores del Hospital Garrahan. Esta norma exige fondos para la “asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios” y la “recomposición inmediata de los salarios del personal de salud”. La OPC estimó que la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones. La abrumadora mayoría de los senadores ratificó la postura de la Cámara de Diputados, dejando en evidencia el aislamiento político del gobierno en temas de alta sensibilidad social.
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