El hogar “Nido de Águila”, en la zona de La Capilla, fue allanado tras denuncias de reducción a la servidumbre. Los menores eran obligados a realizar tareas de albañilería y limpieza de heces de animales bajo amenazas y privación de alimento. Hay sospechas de complicidad por parte de funcionarias provinciales.
Una investigación liderada por el fiscal Daniel Ichazo (UFI N°8 de Berazategui) reveló una trama siniestra en un centro que debía proteger a niños vulnerables. Las dueñas del hogar Nido de Águila fueron detenidas y acusadas de explotar a 13 menores de edad, obligándolos a realizar trabajos pesados a la intemperie, incluso bajo la lluvia y hasta la medianoche.
Los testimonios recogidos indican que los niños debían cortar cañas con machetes, realizar tareas de construcción y recolectar las heces de más de 30 perros y caballos en carretillas. Como castigo por resistirse, eran expulsados al exterior durante la noche o privados de comida. Además, se constató que algunos menores eran obligados a dormir junto a los animales en condiciones de extrema precariedad.
| Aspecto | Detalles del Caso |
| Delito imputado | Reducción a la servidumbre y explotación infantil. |
| Lugar | Hogar Nido de Águila, La Capilla (Florencio Varela). |
| Damnificados | 13 niños identificados (solo 4 hallados en el último operativo). |
| Tareas forzosas | Albañilería, desmonte con machetes y limpieza de animales. |
La denuncia que disparó la causa fue realizada por un adolescente que logró escapar del lugar. Durante los allanamientos, la Policía Bonaerense secuestró documentación, celulares y computadoras que serán peritadas para profundizar en la red de maltratos.
Complicidad estatal y filtración de datos
El caso tomó un tinte aún más oscuro al detectarse una presunta red de encubrimiento. Dos funcionarias del Servicio Zonal de La Matanza están bajo la lupa de la justicia por utilizar información privilegiada para alertar a las dueñas del hogar sobre futuras inspecciones.
Según las pruebas de WhatsApp, una de las funcionarias habría avisado con antelación sobre un allanamiento ocurrido el 26 de febrero, permitiendo que las responsables “limpiaran” la escena y reubicaran a nueve niños para ocultar las evidencias de explotación. Por este motivo, al momento del último ingreso policial, solo se encontraron cuatro menores, quienes ya fueron trasladados a centros de asistencia seguros.
Las dueñas del hogar se negaron a declarar ante el fiscal Ichazo y permanecen detenidas, mientras la justicia evalúa la responsabilidad penal de las funcionarias públicas involucradas en el encubrimiento.
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