La ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inspeccionaron el avance del Centro Penitenciario Federal VII en Marcos Paz, cuyo 82% de obras permitirá cerrar el penal de Villa Devoto en marzo de 2026.
La ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inspeccionaron el avance del Centro Penitenciario Federal VII en Marcos Paz, cuyo 82% de obras permitirá cerrar el penal de Villa Devoto en marzo de 2026.
Las tareas, suspendidas durante cinco años, se retomaron en diciembre de 2024 bajo una nueva licitación con una inversión mayor a los 100 mil millones de pesos.
El complejo cubre una superficie de 80 hectáreas y está diseñado para relocalizar no solo a los presos del Complejo U2 de Villa Devoto sino también a aquellos que actualmente se encuentran en comisarías y alcaidías de la Ciudad.
El penal contará con cuatro unidades de alojamiento que incluyen edificios externos y administrativos, además de áreas específicas para programas y servicios, visitas, gimnasios, talleres educativos y espacios de capacitación laboral.
También dispondrá de un campus deportivo con canchas de fútbol y sectores dedicados a huertas.
Al recorrido asistieron funcionarios de peso como el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios Julián Curi; y autoridades porteñas entre ellos el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, y los ministros de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Horacio Giménez y Gabino Tapia, respectivamente.
Este hecho se inscribe en un escenario político de acercamiento entre Bullrich y Macri tras tensiones previas, con un trasfondo electoral y la discusión en la Legislatura porteña del proyecto para crear un Servicio Penitenciario propio de la Ciudad. La colaboración bipartidista busca apuntalar la autonomía en materia de seguridad.
El avance del complejo penitenciario marca un paso significativo en la reestructuración del sistema carcelario porteño.
Quedan interrogantes sobre cómo se manejarán los desafíos relacionados con el hacinamiento y las condiciones de detención, así como sobre el impacto político real de esta colaboración en un año electoral. El tiempo dirá si este proyecto contribuye a una mejora sustancial o si se sumará a las discusiones sobre políticas penitenciarias vigentes.
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