La comisión investigadora presentó un recurso contra el rechazo judicial al pedido de fuerza pública. Alegan afectación de facultades del Congreso, exigen comparecencia de funcionarios y advierten un precedente institucional sobre la división de poderes. El caso puede llegar a la Corte.
El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, advirtió que la decisión del Juzgado Federal N.º 8 vulnera las atribuciones constitucionales del Congreso para requerir información y citar funcionarios nacionales.
El recurso busca revertir el fallo que rechaza disponer medidas para asegurar la presencia de los implicados, lo que representa una función clave del Parlamento.
La presentación sostiene que el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional otorga en forma expresa la potestad de control al Congreso, permitiéndole investigar, convocar funcionarios y solicitar la colaboración judicial en citaciones.
Ferraro subraya que negar esa solicitud “desnaturaliza la finalidad política y de control institucional” de Diputados, además de desconocer la competencia del fuero federal.
La comisión advierte que la medida “vacía de sentido una función esencial” y afecta el principio republicano de responsabilidad.
El reclamo, respaldado por oficialismo y oposición, podría sentar antecedente sobre el futuro de las investigaciones parlamentarias. Los funcionarios citados, como Karina Milei, están obligados a comparecer, y el Congreso podría recurrir a la Corte Suprema.
La controversia escaló el debate sobre los límites de los poderes y alertó sobre posibles modificaciones en la fiscalización pública efectiva.
Algunos constitucionalistas remarcan que la autonomía del Congreso debe equilibrarse con intervención judicial para garantizar derechos y evitar posibles excesos. El desenlace del recurso podría redefinir la capacidad del Congreso para investigar y controlar actos públicos.
La decisión final determinará si se fortalece el control parlamentario o se impone la tutela judicial sobre investigaciones legislativas.
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