El Gobierno Nacional le cobra al municipio de Bahía Blanca más de 40 millones de pesos mensuales por el alquiler de dos puentes provisionales instalados tras las inundaciones de marzo de 2025. La medida despertó controversia en la ciudad, que atraviesa una difícil recuperación tras el temporal.
La ciudad bonaerense de Bahía Blanca enfrenta un nuevo desafío tras las devastadoras inundaciones del 7 de marzo, producto de un temporal que dejó 18 fallecidos y más de 270.000 vecinos afectados.
Para restablecer la conectividad vial, el Ejército Argentino instaló dos puentes tipo Bailey sobre el canal Maldonado, infraestructura que fue inicialmente cedida en forma gratuita durante 90 días.
Sin embargo, una resolución posterior estableció un convenio de alquiler entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad local que excede los 40 millones de pesos mensuales.
El convenio firmado por el municipio, dirigido por el intendente Federico Susbielles, incluye un alquiler mensual de 17,67 millones de pesos por cada uno de los puentes y una suma adicional para mantenimiento y seguro que ronda los 8 millones.
Los puentes tienen una longitud aproximada entre 30 y 36 metros y permiten el tránsito de vehículos livianos con un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora, prohibiendo el paso a camiones o vehículos de gran porte.
Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, informó que esta decisión responde a la necesidad de mantener esta infraestructura básica para la movilidad y evitar su remoción.
Desde el Ministerio de Defensa, Luciana Carrasco explicó que la instalación de los puentes fue inicialmente sin costo para la ciudad, pero que la firma del contrato de alquiler fue solicitada por el municipio para sostener la continuidad del servicio y cubrir los gastos operativos oficiales.
La comunidad local enfrenta así un dilema económico tras una catástrofe natural, lo que pone en evidencia las complejidades en la gestión de recursos en situación de emergencia y la coordinación entre jurisdicciones nacionales y locales.
Además, este conflicto genera un debate necesario sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y la sostenibilidad financiera de la gestión post desastre.
El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella habría caído un 5,3% en marzo, según datos preliminares. Es el tercer retroceso mensual consecutivo y profundiza una señal que el mercado ya seguía de cerca: la recuperación del consumo masivo no termina de consolidarse.
Un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra) revela que los argentinos consumen casi 15 kilos menos de carne por año que en 2005. Los precios subieron el doble que la inflación y la faena marcó uno de sus peores registros en casi medio siglo.
El jefe de Gabinete habría construido una vivienda en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Las expensas figuran a nombre de su esposa y el inmueble no aparece en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Kristin Cabot, la exdirectora de Recursos Humanos captada en la pantalla gigante del Gillette Stadium, rompió el silencio en el pódcast de Oprah Winfrey. Denunció acoso, amenazas de muerte y violencia digital, y apuntó contra la desigualdad de género en la reacción pública.
Un peritaje judicial sobre el celular de Mauricio Novelli reconstruye sus acciones en las horas previas al lanzamiento de la memecoin: compras de relojes por 45.000 dólares en efectivo, búsqueda de oficinas con vista al río y, tras el escándalo, la contratación urgente de seguridad privada para volver al país.
El Brent superó los US$ 115 este jueves tras nuevos ataques iraníes sobre infraestructura energética del Golfo. Las bolsas cayeron en Europa, Asia y Wall Street, y los bancos centrales volvieron a poner la inflación en el centro del debate.
El Senado votó una declaración en memoria del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los libertarios se abstuvieron con 20 votos y Patricia Bullrich cuestionó el texto en redes sociales.
La OMS aclaró que la salida de Argentina no es automática y deberá tratarse en la Asamblea de mayo. El organismo advirtió que el retiro afectará la seguridad sanitaria y la cooperación regional en áreas críticas como el control del dengue.
