El plan del Gobierno para usar dólares no declarados se estancó por la falta de la Ley de Inocencia Fiscal del Congreso. La iniciativa falló porque los bancos resistieron, exigiendo a los clientes una declaración de origen de fondos.
El plan del Gobierno para usar dólares no declarados se estancó por la falta de la Ley de Inocencia Fiscal del Congreso. La iniciativa falló porque los bancos resistieron, exigiendo a los clientes una declaración de origen de fondos.
El plan del gobierno de Javier Milei para que los argentinos utilicen los dólares atesorados sin declarar, bautizado como “plan colchón”, se encuentra paralizado a más de cinco meses de su anuncio. A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, simplificaron las normativas de declaración de origen de fondos, la iniciativa no ha logrado el impacto esperado debido a dos obstáculos principales: la falta de seguridad jurídica sin una ley del Congreso y la resistencia de los bancos.
El gobierno había prometido un entorno donde los contribuyentes no serían perseguidos por utilizar sus divisas del mercado paralelo para transacciones, desde comprar un departamento hasta pagar consumos. Sin embargo, en la práctica, los bancos desestimaron las indicaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y han seguido solicitando a sus clientes una declaración jurada voluntaria del origen de los fondos, lo que desalienta las operaciones.
El fracaso de la iniciativa se debe, en gran medida, a que el gobierno no logró la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso. Este proyecto era el marco legal que debía ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que los contribuyentes sacaran sus dólares del “colchón” sin temor a ser perseguidos por futuras gestiones.
César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, fue categórico al afirmar que “el plan colchón es una buena idea, pero requiere que pase por el Congreso para cerrar el círculo de la seguridad jurídica”. El proyecto del oficialismo, que proponía cambios en el Régimen Penal Tributario y un Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), quedó en el limbo legislativo. Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, agregó que el RSG ni siquiera pudo implementarse del todo, ya que la adhesión se limitó a contribuyentes con fuentes locales de ingresos y no se amplió a los extranjeros.
La actitud de los bancos ha sido uno de los mayores frustraciones para el Ejecutivo. El contador Alejandro Rosenfeld señaló en X que las entidades, al no adaptarse a las nuevas normas, crearon sus propios formularios de “declaración jurada voluntaria” para sortear la eliminación de los umbrales de información.
El ministro Luis Caputo reaccionó públicamente a esta situación, pidiendo a los contribuyentes que no entreguen documentación a los bancos, e incluso amenazó con tomar medidas: “Si insisten con no atacar las normas habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, escribió en X.
El problema para el gobierno se ha agravado con la oposición. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto diferente, impulsado por Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño, que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario sin incluir los elementos de seguridad jurídica que el oficialismo considera clave para su plan. Ahora, el Ministerio de Economía intenta sumar los artículos de su iniciativa en el Senado, pero la falta de quórum lo obliga a buscar los dos tercios de los votos para que la ley quede firme antes de fin de año.
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