Patricia Bullrich marcó distancia del oficialismo al rechazar el juicio político contra las juezas que frenaron el régimen penal juvenil. Desde un foro anticorrupción, la senadora defendió que las sentencias deben revisarse en instancias judiciales y no parlamentarias.
Patricia Bullrich frenó la iniciativa impulsada por sectores de La Libertad Avanza y el PRO para someter a juicio político a las magistradas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis. Durante un encuentro sobre anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino, la senadora afirmó que una sentencia judicial no debe constituir el argumento para activar un jurado de enjuiciamiento.
Las juezas bonaerense y porteña emitieron resoluciones contradictorias respecto a la reforma penal que redujo a 14 años la edad de imputabilidad. Pascual dictó una medida cautelar para frenar la norma en la provincia de Buenos Aires, decisión revocada más tarde por la Cámara de Apelaciones. Por su parte, De Marinis declaró la inconstitucionalidad de la medida en un caso individual de tentativa de robo.
La jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta cuestionó con dureza el criterio de las magistradas, pero rechazó el uso de herramientas políticas contra sus fallos. “Estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, sostuvo la legisladora. No obstante, remarcó que las revisiones corresponden a la segunda instancia institucional y no a la sanción parlamentaria.
A diferencia del planteo de dirigentes como el presidente del bloque bonaerense Sebastián Pareja o el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quienes calificaron las sentencias de inadmisibles, Bullrich pidió esperar el accionar de la Justicia. La dirigente recordó que las resoluciones ya comenzaron a ser revisadas y revocadas por los tribunales superiores correspondientes.
El episodio sumó una nueva diferencia en el accionar de la senadora respecto a la conducción de la Casa Rosada. En días anteriores, la legisladora expuso discrepancias sobre la falta de consulta previa en el tratamiento de la discapacidad dentro del Presupuesto 2027 y lideró cambios en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
Estas intervenciones reflejan la necesidad de negociar consensos con bloques opositores dentro del Senado para garantizar la aprobación de las normas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Bullrich aclaró que sus posiciones buscan mejorar la coordinación interna sin modificar el respaldo general al rumbo económico e institucional impulsado por el Presidente Javier Milei.
La estrategia legislativa demuestra que el bloque oficialista ajusta los mecanismos de negociación en el Congreso. La postura de Bullrich abre el debate sobre hasta qué punto la división de poderes y la prudencia institucional deben condicionar las decisiones políticas del Gobierno frente a fallos judiciales desfavorables.
Investigadores de Cambridge y centros de psicología conductual revelan que la procrastinación responde a un fallo de autorregulación emocional entre el yo presente y futuro, ofreciendo métodos probados para reducir la inacción cotidiana.
Un juez de Las Lomitas impuso cinco días de arresto, sustituibles por multa, a cuatro integrantes de LN+ por coberturas en una comunidad originaria. ADEPA y FOPEA rechazaron el fallo, mientras que el presidente Javier Milei respondió con duras críticas a la prensa.
Patricia Bullrich marcó distancia del oficialismo al rechazar el juicio político contra las juezas que frenaron el régimen penal juvenil. Desde un foro anticorrupción, la senadora defendió que las sentencias deben revisarse en instancias judiciales y no parlamentarias.
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El “Fortín” había apelado y siguió insistiendo que el “Xeneize” sea eliminado de la Copa Argentina.
Durante la emisión de Otro día perdido por El Trece, la actriz Leticia Siciliani descolocó al conductor Mario Pergolini con un sorpresivo elogio hacia su apariencia física, en un intento por disimular sus nervios en vivo.
