El Presupuesto 2026 de Javier Milei recorta la inversión educativa a 0,75% del PBI, el mínimo en diez años, y elimina el piso legal. La Ley suprime fondos clave como el programa Conectar Igualdad y recorta la formación docente.
El Presupuesto 2026 de Javier Milei recorta la inversión educativa a 0,75% del PBI, el mínimo en diez años, y elimina el piso legal. La Ley suprime fondos clave como el programa Conectar Igualdad y recorta la formación docente.

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso consolida un alarmante retroceso en el financiamiento educativo. El gasto nacional en el área de “Educación y Cultura” se reducirá al 0,75% del PBI, el nivel más bajo registrado en los últimos diez años. Este recorte estructural ignora la Ley de Educación Nacional, que exige destinar al menos el 6% del PBI al sector, y profundiza el desfinanciamiento que se inició en 2015.
El informe, elaborado por Argentinos por la Educación en base al proyecto de “Ley de Leyes”, subraya la magnitud del retroceso. Desde el pico de inversión de 1,59% del PBI en 2015, el gasto real ha caído más de la mitad. Aunque el Gobierno proyecta una “leve recuperación” del 8% en términos reales para 2026, la participación de la función educativa en el gasto total del Estado caerá del 85% al 81,7%.
El Presupuesto 2026 revela un giro en las prioridades del Ejecutivo: menos foco en programas pedagógicos y más énfasis en la extensión del tiempo escolar.
Plan Nacional de Alfabetización (PNA): es una de las pocas áreas con un incremento significativo, con un presupuesto que sube un 78,9% nominal. Sin embargo, este aumento se concentra en la universalización de la jornada extendida, que absorberá el 82% de los fondos.
Recortes estructurales: en contrapartida, el plan de Alfabetización sufre una reducción del 97% en las “acciones complementarias” y un 25,2% en la formación docente.
Infraestructura y Tecnología: el recorte más marcado se da en partidas clave para la equidad educativa: el gasto para infraestructura y equipamiento cae 63% nominalmente, y el emblemático programa “Conectar Igualdad” desaparece del Presupuesto 2026.
Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas e investigador de la UBA, criticó la postura del Gobierno, al señalar que la gestión “restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica“. El experto advirtió que la caída de la inversión en infraestructura “profundiza las desigualdades educativas” y compromete la “alfabetización digital” de los jóvenes.
El sector universitario sigue siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional, al concentrar el 77% del presupuesto. Sin embargo, el gasto universitario apenas subirá un 0,8% real en 2026. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había alertado que la asignación es insuficiente y consolida el ajuste.
La eliminación del piso legal del 6% del PBI para la inversión educativa es un quiebre político, ya que el financiamiento pasa a depender de la discrecionalidad fiscal del Gobierno. Javier Curcio, coautor del informe, enfatizó que es “imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos” para evitar que la caída “siga profundizándose”.
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