La magistrada suspendida pidió perdón por dañar la imagen de la Justicia tras quedar vinculada al film “Justicia Divina”. La acusación pública sostiene que su conducta afectó la imparcialidad del juicio, y podría ser destituida.
La magistrada suspendida pidió perdón por dañar la imagen de la Justicia tras quedar vinculada al film “Justicia Divina”. La acusación pública sostiene que su conducta afectó la imparcialidad del juicio, y podría ser destituida.
La jueza Julieta Makintach declaró ante el jury de enjuiciamiento que investiga su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona, proceso suspendido tras descubrirse su participación en un documental sin autorización oficial.
La audiencia se llevó a cabo en el anexo de la Cámara de Senadores de Buenos Aires, en La Plata.
Makintach expresó: “Quiero dar mi verdad”, manifestando estar muy nerviosa y reconociendo el daño causado a la Justicia.
Detalló que la idea del documental surgió en febrero por propuesta de una amiga y calificó su decisión de participar como “un error que no pudo dimensionar”. Afirmó: “Quería dar la mejor imagen de la Justicia”, pero admite que fue lo contrario a su intención.
La magistrada denunció un “juicio oculto” acordado entre las partes del proceso, aunque dijo que no debía ser ella quien lo revelara.
Reiteró disculpas públicas, especialmente a la familia Maradona, y mientras negaba conocimiento de la productora, afirmó no buscar beneficios personales e insistió en que no conocía a la productora detrás del proyecto, llamado “Justicia Divina”.
Por su parte, la Procuradora General de Necochea, Analía Duarte, a cargo de la acusación pública, afirmó que la jueza cometió múltiples faltas graves, que incluyen “incompetencia, negligencias, parcialidad manifiesta, revelación de secretos, violación de deberes y abuso de autoridad”. Consideró que Makintach perdió las condiciones constitucionales para ejercer y pidió su destitución.
Los abogados representantes de las acusaciones privadas, Gastón Marano y Guillermo Sagués, también solicitaron la destitución, calificando la conducta como una “vergüenza profesional”.
Marano vinculó la detención de Julio César Coria, custodio de Maradona, con el proyecto audiovisual en medio del proceso.
En la audiencia declararon varios testigos clave:
El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, acusado por Makintach de faltar a la verdad, detalló que la magistrada fue quien decidió no suspender el juicio porque no existían pendientes probatorios. Recordó además que la filmación del documental se realizó sin autorización judicial y con personal no acreditado presente en la sala.
Mailén Itatí Romero, policía custodia del tribunal, afirmó que la jueza permitió el ingreso de personas no autorizadas con cámaras y le remitió mensajes para mantener oculto el ingreso de esos individuos.
Daniela Barrionuevo, otra custodia, confirmó la prohibición expresa de filmar y que Makintach instruyó a su personal para que no intervinieran.
Jorge Ignacio Huarte, camarógrafo, declaró que recibió instrucciones de “focalizarse en la jueza” y que grabó material para el documental, cuyo guion estaba a cargo de María Lía Vidal, amiga de Makintach, quien niega la vinculación directa con la producción.
Makintach no respondió preguntas del tribunal y se negó al careo con Ferrari que solicitó tras discrepancias en sus declaraciones.
La jueza admitió sentir un “precio carísimo” por no dimensionar el impacto de su acción y lamentó profundamente el daño infligido, deseando “volver el tiempo atrás”.
Actualmente, la magistrada está suspendida y cobra solo el 40% de su salario, mientras la justicia política y penal continúa su curso.
El jury deberá resolver próximamente si destituye a la magistrada, decisión que marcará un precedente en la transparencia y rol ético en los procesos judiciales de gran repercusión social.
La complejidad del caso Makintach invita a reflexionar sobre los límites entre actividad profesional, representación pública y los riesgos que conlleva la exposición mediática en procesos judiciales sensibles.
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