El conflicto presupuestario impulsa un paro de 72 horas en las universidades públicas

La CONADU convocó a un paro nacional de 72 horas del 12 al 14 de noviembre por la crisis salarial (38,7% de pérdida real). La protesta exige al Gobierno implementar la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Ejecutivo avanza en desmantelar los pisos de inversión del sector.

Universidades argentinas denuncian que el Presupuesto 2026
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La crisis por la financiación de la educación superior nacional se agrava, llevando a los gremios docentes a una nueva y extensa medida de fuerza. Tras una asamblea de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica, se confirmó un paro total de tres días que paralizará las actividades académicas el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

El reclamo gremial está centrado en la profunda caída del poder adquisitivo del sector y en la falta de recursos para las casas de estudio, que han debido declarar la emergencia presupuestaria. La pérdida salarial real se estima en un 38,7% desde el pasado diciembre, según un informe de CONADU, mientras que la reducción real en los gastos de funcionamiento ronda el 33,4%.

La polémica por el presupuesto 2026 y la postura del Gobierno

Los sindicatos universitarios exigen la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo bloqueo presidencial fue previamente anulado por el Congreso. No obstante, el Ejecutivo ratifica su intención de imponer un ajuste severo, excluyendo a las universidades de los aumentos de fondos otorgados a otros sectores de emergencia.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue enfático al descartar una revisión de los sueldos a la medida de los sindicatos: “No está previsto el aumento de salarios en la medida que lo solicitan”. A pesar de las protestas, Álvarez celebró que “no cerró ninguna universidad” y negó los recortes.

El conflicto se profundiza con el proyecto de Presupuesto 2026, que el Gobierno busca utilizar para desmantelar marcos legales que garantizan fondos mínimos:

  • Se estipula la derogación de artículos de la Ley de Educación Nacional que fijan un piso del 6% del Producto Bruto Interno para el sistema educativo.

  • Se elimina el criterio de progresividad para el área de Ciencia y Tecnología (que emplea a investigadores universitarios), quitando la meta de alcanzar el 1% del PBI en 2032.

Diputados opositores refutaron la defensa oficialista, señalando que la vocación docente es lo único que mantiene en pie el sistema, dado que el aumento de haberes previsto para 2026 rondará apenas el 9,5%, cifra que ya se prevé que sea superada por la inflación proyectada del 10%.

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