La Ciudad de Buenos Aires exige a la Nación el pago de una deuda que comenzó en julio de 2024, por fondos de coparticipación atrasados que superan los 274.000 millones de pesos. Jorge Macri mantuvo una reunión con Luis Caputo para abordar la situación, que también incluye un litigio judicial por la reducción del coeficiente …
La Ciudad de Buenos Aires (CABA) reclamará formalmente a la Nación una deuda acumulada superior a los 274.000 millones de pesos, correspondiente a fondos de coparticipación que dejaron de transferirse desde julio de 2024.
Esta suma se adiciona a un reclamo judicial que asciende a aproximadamente 6.000 millones de dólares, tras la reducción en 2020 del coeficiente de coparticipación que pasó de 3,5% a cerca del 1,4%.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía nacional, para expresar el reclamo por la deuda y buscar soluciones que permitan incluir ese pasivo en el Presupuesto Nacional 2026.
Aunque no se logró un acuerdo final, ambas partes mostraron disposición para continuar negociando y resolver la situación.
La disputa tiene su origen en una decisión del Gobierno nacional en el año 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, que modificó el porcentaje de coparticipación asignado a la Ciudad en un contexto de crisis social y policial en la provincia de Buenos Aires.
La Corte Suprema ordenó que se restituyera el porcentaje original de 1,55%, pero la restitución no se ha aplicado en tiempo y forma, provocando la acumulación de la deuda.
El conflicto financiero ha tensado la relación entre la Ciudad y la Nación, afectando la planificación fiscal y la distribución federal de recursos.
La incorporación de la deuda en el Presupuesto 2026 es clave para asegurar transparencia y cumplimiento.
Este escenario abre un debate sobre la necesidad de mecanismos claros y equitativos para la distribución de fondos entre jurisdicciones, y plantea la importancia de evitar la judicialización como primer camino para resolver diferencias financieras.
El reclamo por los fondos de coparticipación pendientes representa un desafío para la relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, con posibles repercusiones políticas y económicas.
La negociación en curso deberá buscar un equilibrio que garantice la autonomía financiera de la Ciudad sin perjudicar la estabilidad presupuestaria nacional, en un marco de diálogo y respeto institucional.
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