El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 realizó la segunda audiencia del juicio por la causa Cuadernos, con Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada. Desde el 25 de noviembre habrá dos audiencias semanales.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 realizó la segunda audiencia del juicio por la causa Cuadernos, con Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada. Desde el 25 de noviembre habrá dos audiencias semanales.

El juez Enrique Méndez Signori explicó que hasta el inicio del juicio no se había dispuesto un “espacio disponible” adecuado en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py 2002, utilizado para casos con numerosos imputados.
Además, adelantó que las declaraciones indagatorias se harán en modalidad mixta: los acusados deberán asistir presencialmente, mientras el resto podrá seguir el proceso en forma remota. El juez Germán Castelli, otro integrante del TOF 7, enfatizó: “Los jueces no estamos llamados a ser populares”, en respuesta a las críticas sobre la frecuencia y modalidad de las audiencias.
En el transcurso de la audiencia, el secretario del tribunal, Ernesto Ruiz, leyó anotaciones extraídas de los conocidos como “cuadernos de Centeno”.
Estos registros hechos por Oscar Bernardo Centeno, exchofer de Roberto Baratta, describen diversos movimientos de dinero en efectivo y entregas en edificios corporativos, hoteles y domicilios particulares durante los años 2009, 2010, 2013 y 2015.
La lectura excluyó expresamente detalles relacionados con “Corporación América”, empresa vinculada al presidente Javier Milei y también involucrada en la causa.
Entre los acusados más mencionados se encuentra Julio De Vido, exministro de Planificación, quien siguió la audiencia vía Zoom desde tribunales luego de quedar detenido por otra condena. Cristina Fernández de Kirchner participó también por videoconferencia, acompañada por su defensa.
En sus redes sociales, la expresidenta calificó la causa como una “opereta judicial” y denunció que los llamados “arrepentidos” fueron sometidos a “torturas”, describiendo condiciones de aislamiento bajo luces permanentes y vigilancia extrema.
Estas acusaciones reproducen testimonios del abogado Roberto Herrera, quien relató episodios de aislamiento y observación constante en la detención de uno de sus defendidos antes de que aceptara colaborar como testigo protegido.
Estos señalamientos generaron reacciones encontradas. El propio Herrera aclaró posteriormente que había sido citado de manera descontextualizada para negar un trato distinto obtenido por el excontador Víctor Manzanares, cuyo acuerdo ya había sido homologado antes de esos supuestos maltratos.
Por su parte, la fiscalía y los jueces defienden la metodología de trabajo y la independencia jurisdiccional del tribunal, que también enfrenta críticas por la organización y formato virtual de las audiencias.

El TOF 7 confirmó que las audiencias serán los martes y jueves a partir del 25 de noviembre. También solicitó el uso de la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia para las indagatorias presenciales.
Además, los jueces se reunirán el martes 18 de noviembre con la Cámara Federal de Casación Penal para discutir medidas que aporten mayor eficiencia y celeridad al proceso.
En la segunda audiencia se continuó la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por la fiscal Fabiana León, documento que suma 678 páginas y detalla las imputaciones. Se espera que en la próxima audiencia, pautada para el 20 de noviembre, se siga con la lectura respecto de los demás acusados.
Entre los descargos leídos figura el escrito de Cristina Kirchner, quien interpuso excepción de falta de acción y negó categóricamente haber formado parte de una asociación ilícita o cometido delitos. Argumentó que la investigación está dirigida en su contra deliberadamente y que carece de pruebas mínimas que acrediten las acusaciones.
Oscar Centeno, autor de los cuadernos, expresó en sus anotaciones: “Me duele el alma” por la corrupción y describió movimientos de bolsos con grandes sumas de dinero, una metodología que incluyó la existencia de un “aguantadero” y entregas diarias en oficinas y domicilios de funcionarios, con detalles minuciosos del circuito y las cantidades involucradas.

En sus publicaciones, la exmandataria denunció que la causa es una “agenda judicial para la distracción” y acusó al llamado “bestiario judicial del macrismo” de perseguir a la oposición política.
Criticó al fiscal Carlos Stornelli, a quien responsabilizó de escribir el “guion” del proceso y de ejercer presiones para obtener declaraciones como arrepentidos.
Además, cuestionó la política económica actual, señalando la inflación creciente y relacionándola con los acuerdos financieros con Estados Unidos, que calificó como “colonialismo financiero con cómplices locales”.
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