Nuevos detalles y crecientes suspicacias han reavivado la escalofriante denuncia de los “safaris humanos” ocurridos durante el sitio de Sarajevo (1992-1995), donde personas de alto poder adquisitivo habrían pagado para disparar contra civiles. La Fiscalía de Milán (Italia) investiga el caso que revela una banalidad del mal llevada al extremo: empresarios y profesionales pagaban sumas …
El centro de la controversia es el testimonio de Miran Zupanic, director del documental Sarajevo Safari (2022), cuya cinta expuso la existencia de “turistas de guerra”: individuos, principalmente de Italia, que viajaban a la zona sitiada de Sarajevo y pagaban a las fuerzas serbobosnias para acceder a posiciones de francotirador y disparar contra la población civil. Según la denuncia, estos “cazadores de fin de semana” pagaban entre 150.000 y 200.000 euros por la macabra experiencia.
La investigación judicial se enfoca en la existencia de una tarifa de mercado para la vida humana. Testimonios no confirmados judicialmente sugieren que “los niños costaban más”, seguidos de hombres armados y mujeres, siendo la vida de los ancianos la más barata. Esta cosificación extrema del ser humano, que transforma el asesinato en un “lujo” para gente estimada en sus ámbitos, plantea un debate existencial sobre la “indiferencia del mal” y la profunda descomposición moral que puede alcanzar el privilegio económico.
La Fiscalía de Milán investiga los hechos por el delito de homicidio múltiple con agravante de motivos abyectos y crueldad, crímenes que, por su naturaleza, no prescriben. No obstante, las suspicacias persisten, ya que esta investigación judicial llega con décadas de retraso. El hombre detrás de la denuncia alega que las agencias de inteligencia, como el Sismi italiano, ya conocían la existencia de estos francotiradores extranjeros desde 1993.
El documental de Zupanic y las denuncias que le siguieron plantean más preguntas que certezas. Si bien los sitios donde ocurrían los asesinatos y la muerte de civiles (muchos de ellos mujeres y niños que buscaban comida) son hechos históricos irrefutables, la conexión directa con los “turistas” y la falta de testigos de primera mano que confirmen los disparos son los desafíos de la investigación. El caso obliga a una reflexión urgente sobre la ética del periodismo, la función de los mass media y la complicidad que permitió que un crimen de lesa humanidad permaneciera en el limbo de la impunidad durante tanto tiempo.
El ente máximo del fútbol mundial registró en su web de infracciones cinco casos para el “Ciclón”.
La producción del ciclo tomó la determinación tras una entrevista no autorizada que la panelista brindó a otro canal. El hecho ocurrió en medio de un clima de tensión por un reciente enfrentamiento al aire con María Fernanda Callejón.
La Justicia de Morón detuvo al principal sospechoso de balear al dueño de un supermercado el pasado enero. La investigación, que incluyó a Interpol, vincula el hecho con una red de contratación remunerada para ataques comerciales.
Acompañado por Eugenia Suárez, el deportista regresó a Buenos Aires para presentarse ante el Juzgado Civil N.º 106. El motivo del llamado judicial es una deuda de 147.582 dólares vinculada a la manutención de sus dos hijas menores.
Tras el choque con Mauritania, la Scaloneta volverá a jugar martes 31 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.
La Agencia Espacial Europea restableció comunicación con el satélite Coronagraph-1 tras un mes de silencio total. Un giro orbital permitió que los paneles solares captaran luz, activando los sistemas de emergencia que el equipo técnico en España utilizó para retomar el control.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acción legal contra la Universidad de Harvard. El Gobierno busca recuperar miles de millones de dólares en fondos federales alegando violaciones a los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes.
La Justicia Federal de Córdoba dictó la prisión domiciliaria para un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba acusado de difundir mensajes antisemitas. El operativo, impulsado por una denuncia de la DAIA, incluyó el secuestro de material tecnológico en su vivienda.
