Vecinos y empresarios de Cariló impulsan un plan para alambrar el perímetro con Villa Gesell y la Ruta Interbalnearia 11. Proponen restringir accesos a cuatro puntos con escáneres de DNI y patrullaje privado permanente. La iniciativa, en etapa de presentación, revive tensiones veraniegas y debates sobre seguridad y libre tránsito.
El plan contempla la instalación de un alambrado completo en el límite sur con Villa Gesell y a lo largo de la Ruta 11, con solo cuatro accesos habilitados: calle Bunge, acceso desde Ostende, límite con Valeria del Mar y otro propio.
En cada punto se instalarían controles con escáneres para verificar documentos. Además, se prevé patrullaje privado permanente con vehículos 4×4 durante las 24 horas del día.
Las tensiones entre Cariló y Villa Gesell recrudecen en temporada estival, señalando a visitantes geselinos como origen de inseguridad. En 2000, una propuesta similar de alambrado fue rechazada por el entonces intendente Blas Altieri, que la consideró incompatible con el carácter público del balneario. Este nuevo proyecto lo promueven residentes, empresas de seguridad y empresarios locales que buscan un modelo de enclave privado.
Las autoridades municipales evaluarán pronto la legalidad del proyecto, que suscita polémica por la posible restricción al libre acceso público y la falta de información detallada sobre costos y consensos entre distritos. El proyecto plantea un esquema de seguridad privado que puede alterar la dinámica turística y social regional.
Expertos señalaron que un plan de esa magnitud, que afecta accesos viales interurbanos, debe someterse a un riguroso análisis para determinar su compatibilidad con el Código de Ordenamiento Territorial vigente.
La pregunta central que atraviesa el debate es si un grupo privado puede obtener la potestad de regular el uso de un espacio de dominio público, alterando la dinámica de movilidad que afecta a miles de personas que transitan cotidianamente entre Cariló y Villa Gesell, incluidos trabajadores y turistas.
El futuro del proyecto de cerramiento en Cariló enfrentará discusiones sobre su legalidad y el precedente que podría sentar en la costa.
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