La Confederación General del Trabajo y diversos gremios presentaron demandas por inconstitucionalidad contra la Ley 27.802. Mientras la Justicia de Córdoba dictó el primer fallo contra las indemnizaciones, la Cámara Federal analiza el traspaso del fuero laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) judicializó formalmente la denominada Ley de Modernización Laboral ante el fuero nacional del Trabajo. La central obrera cuestionó una serie de artículos que, según su presentación, vulneran derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
El expediente quedó radicado en el Juzgado N° 63, bajo la subrogancia del juez Raúl Ojeda, luego de que un primer sorteo fuera desestimado para evitar la concentración de causas en un mismo despacho.
Esta acción legal se suma a la estrategia que la central mantiene en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí, la entidad intentó frenar mediante una medida cautelar los artículos 90 y 91 de la normativa, los cuales establecen la disolución progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo y su transferencia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado Enrique Lavié Pico rechazó la suspensión inmediata, pero aceptó analizar el fondo del reclamo y otorgó cinco días al Ministerio de Capital Humano, dirigido por la ministra Sandra Pettovello, para presentar su descargo.
Paralelamente, el frente judicial contra la reforma se extendió a otros sectores sindicales. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), representada por el abogado León Piasek, solicitó la nulidad total de la ley alegando la violación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y convenios internacionales de la OIT.
Los gremios denunciaron que la norma afecta el derecho de huelga y la ultraactividad de los convenios colectivos, además de promover una negociación individual que desprotege al empleado.
El primer revés concreto para la administración nacional ocurrió en la provincia de Córdoba. Un juez local declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, referido al nuevo cálculo de las indemnizaciones.
Este precedente impulsó múltiples presentaciones individuales de trabajadores en distintos puntos del país, mientras organizaciones como la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) preparan sus propias demandas.
La resolución de estos conflictos legales podría extenderse durante varios años, según estiman especialistas en derecho laboral. Ante la multiplicidad de fallos y apelaciones que se esperan en las próximas semanas, surge el interrogante sobre cómo afectará esta incertidumbre jurídica a la aplicación efectiva de la reforma y a la estabilidad de las relaciones laborales en el país.
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