La tensión crece en el Gobierno por los sueldos congelados desde 2023. Funcionarios reclaman aumentos que todavía no cuentan con la aprobación del presidente Javier Milei. La decisión está bajo análisis del mandatario, su hermana y el jefe de Gabinete, en medio de un contexto de ajuste y recortes en la administración pública.
La gestión de Javier Milei enfrenta creciente tensión interna debido al estancamiento en la revisión de los sueldos de sus funcionarios. Desde hace meses, la demanda por una recomposición salarial crece en los despachos oficiales, pero la decisión final sigue en manos del presidente, su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La incertidumbre afecta no solo a ministros, sino también a secretarios, subsecretarios y otros cargos de la administración.
En Casa Rosada reconocen que esta situación se vuelve cada día más delicada. “Más se demora el anuncio, peor es. Se van los que tienen amor a la Patria o los que pueden sostenerse de otra manera. Nadie aguanta esta situación”, describen fuentes ministeriales sobre el ambiente interno. El congelamiento salarial impuesto desde 2023, en línea con la política de austeridad y ajuste que caracteriza a esta gestión, ha provocado desgaste y frustración entre quienes tienen a su cargo la administración pública.
El contraste con otros poderes del Estado evidencia aún más el desfasaje que enfrentan los funcionarios del Ejecutivo. Mientras un ministro percibe un sueldo bruto de $3.584.006, un diputado nacional ronda los $7 millones y un senador, $9,5 millones. A la par, la Corte Suprema otorga sueldos que superan los $8 millones a sus jueces. Sin embargo, los haberes oficiales continúan estando por encima del salario promedio nacional, que en octubre de 2025 fue de $1.483.740.
Además, algunos funcionarios cuentan con patrimonios significativos que los alejan de la urgencia inmediata del aumento. El ministro de Economía Luis Caputo, por ejemplo, encabeza un ranking de bienes declarados que supera los 11.000 millones de pesos.
El momento político, tras la victoria en las elecciones de medio término, aparece para varios dentro del Gobierno como la ventana idónea para avanzar con un aumento. Pero la definición depende exclusivamente del aval de Milei, quien durante su campaña puso en foco la reducción de privilegios, incluido el propio sueldo político. Hasta ahora, el mandatario se mantiene firme en su rechazo a cualquier recomposición, apelando a un ejemplo ético ante la crisis económica que atraviesa el país.
La vicepresidenta Victoria Villarruel puso voz a esta disputa con declaraciones que reflejan tal frustración: “No me autorizan a ganar un sueldo digno para mi función. Me pagan dos chirolas y soy vice”. Este testimonio amplifica la tensión interna al mostrar las limitaciones salariales incluso en los altos cargos del Ejecutivo.
El debate salarial enfrenta un horizonte complejo, en paralelo a una política estatal que incluye aumentos al salario mínimo, el techo a las paritarias y un nuevo recorte del 10% en la planta de empleados públicos. La decisión que tome Milei marcará no solo el futuro inmediato de estos funcionarios, sino también la capacidad del Gobierno para retener talento clave en un escenario de ajuste constante.
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