La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este jueves al juez Sebastián Casanello verificar el origen y autenticidad de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este jueves al juez Sebastián Casanello verificar el origen y autenticidad de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La resolución surgió de planteos de nulidad presentados por defensas en la investigación por presuntos sobornos en la provisión de medicamentos oncológicos. El tribunal porteño revocó parcialmente un fallo previo y ratificó indagatorias a 15 imputados, en un expediente impulsado por allanamientos e intervenciones telefónicas.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico resolvieron revocar el rechazo a la nulidad planteada por Spagnuolo y la familia Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina.
Indicaron que Casanello debe ordenar pericias sobre los audios y demás pruebas recolectadas. Paralelamente, desestimaron un planteo de falta de acción penal contra los Kovalivker, al considerar esta causa independiente de una anterior archivada.
Asimismo, confirmaron la citación a declaración indagatoria para los 15 procesados solicitada por el fiscal federal Carlos Andrés Picardi. El dictamen fiscal, de 270 páginas, recopiló elementos de operativos realizados en domicilios y escuchas telefónicas. Estas medidas se ejecutaron meses atrás en el marco de la pesquisa por irregularidades en ANDIS.
El camarista Eduardo Farah emitió voto disidente y respaldó la resolución de Casanello. Argumentó ausencia de evidencias concretas sobre vicios en la obtención de los audios, que aluden a coimas en el organismo estatal.
Por su parte, Spagnuolo presentó un informe pericial privado elaborado en España, que detectó indicios de voz sintética generada con inteligencia artificial en un 65%.
Más adelante, el fiscal Picardi evitó basar su pedido de procesamientos solo en las grabaciones. Priorizó secuestros en allanamientos y datos de intervenciones. La familia Kovalivker también cuestionó la validez de las pruebas en incidentes de nulidad previos.
La causa se originó en denuncias sobre presunta corrupción institucionalizada en ANDIS, vinculada a sobreprecios y sobornos en contratos de medicamentos. Operativos policiales allanaron oficinas y residencias de imputados en distintos puntos del país. Hasta el momento, no se dictaron procesamientos definitivos.
La resolución mantiene en pie la pesquisa judicial. La decisión de la Cámara Federal, al exigir la máxima precisión técnica sobre los audios, plantea la pregunta fundamental sobre la integridad de la prueba en los procesos judiciales modernos y su impacto en el avance de las investigaciones de alto perfil.
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