Tras una demanda ambiental de excombatientes, la jueza federal Mariel Borruto ratificó la medida que prohíbe a dos petroleras operar en las Islas Malvinas, al tiempo que admitió a Tierra del Fuego como parte accesoria.
Tras una demanda ambiental de excombatientes, la jueza federal Mariel Borruto ratificó la medida que prohíbe a dos petroleras operar en las Islas Malvinas, al tiempo que admitió a Tierra del Fuego como parte accesoria.
La jueza federal,Mariel Borruto, confirmó la vigencia de la medida cautelar que paraliza las obras del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur. La resolución judicial del Juzgado Federal de Río Grande mantuvo la prohibición sobre las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para ejecutar perforaciones o instalar infraestructura marina y portuaria, tras una demanda colectiva por presunto daño ambiental.
El fallo admitió la intervención de la provincia de Tierra del Fuego mediante su Fiscalía de Estado, aunque bajo una condición estrictamente subordinada a la parte actora, integrada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La magistrada determinó que el gobierno fueguino no aportó una posición material propia y sólo persigue la prevención ambiental común.
Borruto denegó los pedidos provinciales para exigir pólizas de seguro y garantías ambientales a las empresas. El tribunal argumentó que no fueron incorporados los informes técnicos solicitados ni se formalizó la notificación procesal a las firmas demandadas, pasos necesarios para revisar la medida.
Asimismo, la magistrada desestimó la citación formal del Estado nacional. La resolución precisó que la Secretaría de Energía, la Cancillería y la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental ya fueron oficiadas para remitir informes técnicos. La jueza remarcó que las competencias nacionales o la tutela ambiental no justifican una intervención procesal obligatoria del gobierno central.
El yacimiento Sea Lion se localiza a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad. Su explotación constituye el primer desarrollo comercial de crudo previsto en aguas cercanas al archipiélago. La sociedad operadora está conformada por la empresa israelí Navitas Petroleum, con el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las estimaciones técnicas asignan al área reservas de crudo probadas y probables por 314 millones de barriles. El plan corporativo programó una inversión de USD 1.800 millones previa a la extracción de hidrocarburos, pautada hacia marzo de 2028 con una meta de 50.000 barriles diarios. El desembolso total alcanzaría USD 3.900 millones a lo largo de 30 años mediante 60 perforaciones submarinas conectadas a plataformas flotantes.
La presentación judicial de Tierra del Fuego respondió a un mandato de la Legislatura provincial, a partir de una iniciativa del legislador Matías Lapadula. La provincia fundó su reclamo en la Ley 23.775 y el artículo 81 de la constitución distrital sobre dominio de aguas adyacentes.
Paralelamente, el gobierno fueguino promovió denuncias financieras en el exterior y proyectos de control logístico marítimo regional. A nivel diplomático, la República Argentina inició en octubre un arbitraje contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar bajo la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). La efectividad real de la orden judicial permanece supeditada a las resoluciones de fondo pendientes y a la notificación formal de las compañías en el exterior.
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Tras una demanda ambiental de excombatientes, la jueza federal Mariel Borruto ratificó la medida que prohíbe a dos petroleras operar en las Islas Malvinas, al tiempo que admitió a Tierra del Fuego como parte accesoria.
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