La cámara que agrupa a los distribuidores cuestionó duramente los aportes obligatorios que financian a otras entidades empresariales y exigió una reforma laboral urgente.
La cámara que agrupa a los distribuidores cuestionó duramente los aportes obligatorios que financian a otras entidades empresariales y exigió una reforma laboral urgente.
Un nuevo foco de conflicto se encendió en el cierre del año para el sector mercantil. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su rechazo absoluto a la reciente revisión paritaria acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) y las cámaras empresariales tradicionales (CAC y CAME), denunciando la existencia de “costos ocultos” que asfixian a las PyMEs y fomentan la informalidad.
Mediante un duro comunicado, los mayoristas alertaron que el acuerdo incluye incrementos en aportes obligatorios que no van al bolsillo del trabajador, sino a las arcas de las entidades firmantes. “Encarecen los costos laborales, impactando en la competitividad y trasladándose a los precios que paga el consumidor”, advirtieron.
El nudo del conflicto radica en el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según CADAM, los empleadores deben pagar obligatoriamente el 0,5% del salario de cada trabajador para este instituto. Estos fondos, que superan los $30.000 millones anuales, se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y CAME.
“Con cada aumento paritario, se ‘autobenefician’ con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria”, dispararon desde CADAM.
La polémica tiene un trasfondo legal reciente. El Decreto 149/2025, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, intentó prohibir estos cobros obligatorios a empresas no afiliadas a las cámaras. Sin embargo, una medida cautelar interpuesta por el INACAP frenó la desregulación, manteniendo vigente el cobro compulsivo.
A esto se suman otros ítems cuestionados: el seguro de retiro “La Estrella” (1,6% del salario) y la “Contribución Solidaria por COVID-19” para la obra social OSECAC, que se sigue cobrando pese al fin de la pandemia.
Ante este escenario, CADAM exigió una reforma laboral urgente que proteja a las PyMEs de estos “abusos” y reclamó ser parte de la mesa de negociación.
“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, señalaron, cuestionando al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, por no permitirles participar.
El acuerdo cuestionado establece un adicional no remunerativo de $100.000 a pagarse entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, una suma que los mayoristas deberán afrontar mientras pelean contra la estructura de costos del sector.
La medida apunta a continuar con el proceso privatizador dispuesto en la Ley Bases.
La jueza Capuchetti inició la citación a indagatoria de más de treinta imputados por el Vacunatorio VIP. La fiscalía los acusa de peculado por acceder prioritariamente a dosis contra el COVID-19 destinadas a grupos de riesgo.
Una jueza estadounidense autorizó al fondo Titan Consortium a solicitar embargos contra activos argentinos por US$ 391 millones. La medida responde al impago del laudo arbitral del CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas concretada en 2008.
La legisladora Malena Galmarini defendió el viaje en avión privado al Caribe junto a Sergio Massa, atribuyéndolo a un gesto de un empresario cercano. La travesía generó cuestionamientos judiciales por presunta infracción a la Ley de Ética Pública.
Jacquelin analiza la gira de Milei a París para negociar la suspensión de las PASO con gobernadores. El Gobierno busca mitigar el impacto social que generará la visita papal y superar las dudas planteadas por inversores en Nueva York.
Cinco personas sufrieron heridas de diversa consideración tras precipitarse una avioneta Piper Comanche en una zona arbolada del sur de la capital cordobesa. Los ocupantes fueron rescatados conscientes por vecinos y personal de emergencia, y derivados a hospitales locales.
La Cámara baja discutirá en comisión los proyectos de la Soberanía de Malvinas y de endeudamiento, que se podrían debatir la próxima semana en el recinto
Un informe reveló que se realizaron 87.603 abortos legales en la red pública de 20 provincias, manteniendo la estabilidad respecto al año anterior. Ante la menor provisión nacional de anticonceptivos, trece jurisdicciones debieron financiar insumos con fondos propios.
