A partir del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hará obligatorio el registro de presentismo docente y no docente mediante huella digital. La medida, que busca agilizar y transparentar el control de asistencia, generará un Registro Digital de Asistencia y facilitará la liquidación de haberes y adicionales salariales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) oficializó la implementación de un sistema biométrico obligatorio para el registro de ingreso y egreso de docentes y personal no docente en todas las escuelas estatales, a partir del próximo ciclo lectivo. La medida, coordinada por los ministerios de Educación y Hacienda, busca reemplazar el tradicional libro de firmas en papel por dispositivos homologados, instalados ya en el 99% de los establecimientos de nivel inicial, primario y secundario. Este cambio, según el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, forma parte del Plan Buenos Aires Aprende, cuyo objetivo final es modernizar la escuela y liberar a los educadores de tareas administrativas.
La decisión de migrar al Registro Digital de Asistencia se fundamenta en la búsqueda de mayor eficiencia y transparencia. El nuevo sistema permitirá auditorías en tiempo real del presentismo y facilitará la liquidación de haberes con una precisión superior. La medida tendrá un impacto directo en el cálculo de adicionales salariales docentes, como el adicional por presentismo y el adicional por asistencia, vinculando de manera directa la permanencia en el aula con la remuneración, un aspecto que el sector docente considera de gran importancia. Para el GCBA, se trata de una estrategia para que los maestros puedan “dedicar más tiempo a lo importante”: la enseñanza y el aprendizaje.
La obligatoriedad del nuevo mecanismo generó una movilización administrativa en las últimas semanas. Si bien más de 28 mil docentes —la mitad de la nómina— ya se encuentran enrolados en el sistema biométrico, el resto del personal debe completar el registro de su huella digital antes del 22 de diciembre. Para lograr este objetivo en un plazo acotado, las autoridades dispusieron la instalación de postas de atención específicas. En una segunda etapa del plan estratégico, el Gobierno de la Ciudad prevé incorporar también a las escuelas públicas de gestión privada, extendiendo el alcance del control biométrico a todo el ecosistema educativo porteño.
La implementación, no obstante, trae consigo desafíos y genera debates. Desde el punto de vista administrativo, la resolución exige una homologación técnica estricta, utilizando solo dispositivos y sistemas certificados. Además, se estableció un protocolo de contingencia para los casos en que los dispositivos biométricos fallen. Sin embargo, la normativa también contempló la posibilidad de investigar si existiera daño intencional a los equipos de registro. Este último punto sugiere que, más allá de la modernización, la medida implica un control más estricto sobre la asistencia, con potenciales consecuencias disciplinarias o legales para quien intente evadir el nuevo sistema.
La llegada de la huella digital al aula simboliza la digitalización total de los procesos escolares, un paso que busca reducir la carga burocrática del registro en papel que rigió por décadas. Mientras las autoridades celebran la agilización y la posibilidad de aumentar el tiempo efectivo de enseñanza, la medida instala un debate sobre la vigilancia laboral y el uso de datos biométricos dentro del ámbito educativo, un área donde las tecnologías de control suelen generar fricciones con los derechos y las libertades del personal.
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