El subsecretario de Ciberdefensa renunció en medio de denuncias ante la PIA por presuntas irregularidades y venta fraudulenta de un predio en Puerto Madero. El plan estratégico con EE. UU. se encuentra estancado, lo cual erosiona la confianza bilateral en seguridad digital.
El coronel ingeniero retirado Marcelo Adrián Ozán, subsecretario de Ciberdefensa, presentó su renuncia el pasado 1 de diciembre, apenas 19 días después de asumir plenamente sus funciones. Su dimisión, aceptada por el ministro Luis Petri, se produce en un contexto de serias denuncias por irregularidades y un presunto bloqueo al avance del alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia de seguridad digital.
La Subsecretaría, que ejerce el control funcional del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) —brazo operativo del Sistema de Defensa—, está bajo la lupa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a raíz de dos graves acusaciones:
Una de las denuncias ante la PIA (código KLGZ-246) apunta a presuntas omisiones y vicios en el proceso de venta del predio que albergaba al CCCD, ubicado en la codiciada zona de Puerto Madero. El terreno se subastó por u$s34 millones al fideicomiso Madero 6, en el marco de un plan de disposición de bienes estatales. La denuncia señala la omisión de un plan de transición adecuado para mitigar la pérdida de capacidad operativa del CCCD al momento de la enajenación.
La segunda denuncia (código EEVY-5) expone que se habría utilizado la figura del “secreto militar” —un mecanismo que impide la comparación de valores de referencia— para presuntamente direccionar la adjudicación de licitaciones. Estos contratos, que suman u$s21,8 millones, estaban destinados a la adquisición de equipos críticos, obras en el nuevo edificio y la provisión de un simulador de entrenamiento. Tanto el subsecretario Ozán como el comandante del CCCD, general de brigada Luis Guimpel, y el Secretario de Estrategia, Marcelo Rozas Garay, se encuentran bajo investigación.
La crisis se agrava por el estancamiento de la cooperación bilateral en ciberseguridad con Washington. La subsecretaría había coordinado con un asesor del Departamento de Estado la elaboración del Plan de Acción del País (PAP), un documento esencial para armonizar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con los estándares de interoperabilidad de EE. UU.
El informe, presentado formalmente en octubre de 2024, no mostró avances significativos en su implementación. En una reunión de seguimiento en agosto, el especialista estadounidense, Gus Santiago, evaluó que el nivel de “madurez cibernética” del área se mantenía en el mismo valor de 2.6 desde el primer contacto en 2024. En términos claros, el PAP no trascendió las intenciones plasmadas en el papel.
El no cumplimiento de este plan es fundamental para el alineamiento estratégico del gobierno de Milei con el Pentágono. El PAP abarca desde la protección de sistemas de aviónica para cazas F-16 hasta el blindaje de redes críticas. Según fuentes del sector, la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares nunca remitió el PAP a los principales mandos militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), calificando la omisión como un obstáculo burocrático que podría interpretarse como reticencia al compromiso con EE. UU..
Las fuentes advierten que esta inacción podría “erosionar la confianza de Estados Unidos en la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos estratégicos” y, en consecuencia, debilitar la voluntad de Washington para transferir tecnología sensible o cofinanciar proyectos de modernización futuros.
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