La investigación sobre la lujosa mansión de Villa Rosa, Pilar, atribuida a supuestos testaferros del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sufrió un cambio de jurisdicción. La Cámara Federal porteña resolvió un conflicto de competencia y ordenó que la causa pase del juzgado federal de Daniel Rafecas al fuero Penal Económico.
La decisión se tomó en medio de los allanamientos y peritajes que habían revelado el hallazgo de 54 vehículos de alta gama y colección en un galpón de la propiedad.
El conflicto surgió por la calificación inicial de la denuncia: mientras que la investigación preliminar se centró en la figura de lavado de activos (un delito que puede recaer en el fuero Penal Económico), la compleja red de sociedades y movimientos financieros vinculados a la compra de la quinta requirió una definición de competencia.
La Cámara Federal porteña resolvió que la especificidad del delito investigado —que implica maniobras financieras complejas y la posible evasión o simulación de activos— la hace más idónea para ser tratada por el fuero Penal Económico, especializado en este tipo de criminalidad.
La decisión implica que, a partir de ahora, otro juez se hará cargo de la causa. Esto podría modificar la celeridad o el enfoque de la investigación, aunque la prueba recabada hasta el momento, incluyendo los 54 vehículos secuestrados y la documentación hallada, se mantiene vigente como prueba central.
La investigación continuará centrada en determinar si los dueños registrados de la mansión —el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte— actuaron como prestanombres de altos dirigentes de la AFA para ocultar bienes adquiridos mediante fondos de origen ilícito.