Ante el rebrote de sarampión y tos convulsa, Mendoza se convirtió en la primera provincia en denunciar penalmente a padres que incumplen el calendario de vacunación. El Ministerio de Salud ya presentó diez demandas civiles, con multas de hasta $336.000 y posible arresto para quienes persistan en la irregularidad.
La provincia de Mendoza ha elevado a la esfera judicial el debate sobre la vacunación infantil, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en presentar denuncias penales contra padres, tutores o cuidadores que incumplen con el calendario nacional de inmunización de sus hijos. La drástica medida se toma en el contexto de una alerta sanitaria nacional marcada por la baja cobertura en niños y el rebrote de enfermedades erradicadas o controladas, como el sarampión y la tos convulsa.
El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, confirmó que ya se realizaron las diez primeras denuncias judiciales en el fuero Civil. La legislación mendocina, vigente desde agosto, establece que “el principio de la salud pública prevalece sobre el interés particular” de los padres, y subraya la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas.
El objetivo principal de la medida, según la responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, no es el castigo, sino “proteger a los chicos” y activar el sistema judicial cuando se vulnera el derecho a la salud del menor.
El protocolo mendocino otorga a los padres un plazo de 30 días para regularizar la situación de sus hijos. Si al finalizar ese período no se registra la vacunación en el sistema provincial, el Ministerio de Salud inicia la denuncia formal.
Las sanciones que la legislación vigente permite aplicar a los padres que persistan en el incumplimiento son severas:
Multas: Van desde los $84.000 hasta los $336.000 pesos.
Arresto o Trabajo Comunitario: El Código de Contravenciones de la provincia habilita la condena de hasta cinco días de arresto o la realización de trabajos comunitarios en hospitales.
La decisión mendocina responde a la necesidad de alcanzar el umbral del 95% de cobertura para garantizar la inmunidad de rebaño y evitar la reaparición de enfermedades letales. Aguilar señaló que el mayor déficit se observa en las vacunas aplicadas a los 15 meses.
La funcionaria de Salud ratificó la convicción de que “las vacunas salvan vidas” y denunció haber recibido “amenazas por mail y redes sociales” por parte de grupos antivacunas, a los que calificó de “intolerantes”. Instó a la población a no dejarse engañar por “pseudo relatos científicos” que dañan la salud pública.
El caso de Mendoza marca un precedente legal a nivel nacional sobre la prevalencia del interés sanitario colectivo frente a la objeción individual de los padres en una cuestión de política de Estado como es el calendario de vacunación obligatorio.
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