El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó precisiones sobre el alcance del proyecto de reforma laboral enviado al Congreso, en un intento por calmar las aguas de la confrontación sindical y política. El funcionario negó categóricamente que la iniciativa implique una pérdida de derechos para los trabajadores, sino que la enmarcó como una actualización urgente de un marco normativo que, según su análisis, ha provocado que la Argentina arrastre diez años sin creación de empleo formal y con cerca del 50% de la fuerza laboral en la informalidad.
El eje central de la defensa de Sturzenegger se centró en la necesidad de reducir la incertidumbre judicial que pesa sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). El ministro explicó que las modificaciones en el régimen de indemnizaciones buscan dar previsibilidad a los costos laborales, simplificando la base de cálculo y acotando los montos finales, para que las empresas conozcan con exactitud el riesgo que asumen al contratar.
Además de las indemnizaciones, Sturzenegger detalló los cambios propuestos en el esquema de vacaciones y horas extra. En cuanto al tiempo de descanso, la reforma apunta a flexibilizar el período de goce, permitiendo que el trabajador y el empleador acuerden el momento en que se tomarán los días, siempre y cuando sea por “mutuo acuerdo” y se respeten los mínimos establecidos por la ley. “La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular. Pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes”, ahondó el ministro.
Según la visión del Gobierno, la reforma es un instrumento clave para acompañar la reactivación económica y abrir la puerta a un crecimiento que, afirmó Sturzenegger, se producirá una vez que se disipe el ruido político. Al introducir mayor flexibilidad por acuerdo entre partes y reducir el riesgo judicial, el Poder Ejecutivo espera generar las condiciones necesarias para que las PyMEs se animen a contratar, sacando a un vasto sector de la fuerza laboral de la informalidad.
La aclaración del ministro se produce en un momento de alta tensión, con la CGT convocando a una movilización al Congreso el próximo 18 de diciembre en rechazo al proyecto. La postura del Ejecutivo insiste en que las modificaciones no buscan precarizar, sino actualizar la ley a las necesidades de una economía moderna que necesita urgentemente generar empleo formal.