El Comando Sur de Estados Unidos hundió tres lanchas rápidas en el Pacífico oriental cerca de Colombia. Ocho hombres murieron en la operación del lunes 15 de diciembre ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El Comando Sur de Estados Unidos hundió tres lanchas rápidas en el Pacífico oriental cerca de Colombia. Ocho hombres murieron en la operación del lunes 15 de diciembre ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó este martes la ejecución de ataques letales contra tres lanchas en aguas internacionales del Pacífico oriental. El operativo, realizado el pasado lunes bajo el nombre “Lanza del Sur“, resultó en el fallecimiento de ocho tripulantes de sexo masculino, tras ser interceptados por fuerzas navales en una zona próxima a las costas de Colombia.
De acuerdo con el informe oficial difundido en redes sociales, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el ataque basado en reportes de inteligencia que identificaron a los buques como activos de organizaciones criminales.
El ejército estadounidense sostuvo que las embarcaciones transitaban por corredores habituales para el transporte de sustancias ilícitas, justificando el uso de fuerza bajo el derecho de los conflictos armados.
Este incidente se suma a una serie de intervenciones que han transformado la política antidrogas de Washington en una campaña de perfil bélico. Desde septiembre, las fuerzas armadas norteamericanas han destruido al menos 26 embarcaciones, acumulando un total de 90 muertes en la región.
El despliegue incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, lo que representa el mayor movimiento naval de este país en la zona desde la década de los noventa.
La agresividad de estas acciones ha generado controversia en el Congreso de los Estados Unidos y entre especialistas en leyes internacionales.
Mientras el Pentágono insiste en la legalidad de los ataques, diversos juristas plantean que estas maniobras constituyen ejecuciones extrajudiciales. La polémica aumentó tras las denuncias sobre un presunto segundo ataque para eliminar a supervivientes en eventos previos, acusación que fue negada por mandos militares ante legisladores.

El presidente Donald Trump ha defendido estas operaciones como una prioridad de seguridad nacional y ha condicionado sus relaciones con los gobiernos del área. Tras señalar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por presuntos vínculos con el cartel de los Soles, el mandatario estadounidense también dirigió sus críticas hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó recientemente como el “siguiente” en su estrategia de presión.
En este entorno de alta fricción, el gobierno de Venezuela calificó los ataques como agresiones destinadas a controlar recursos energéticos.
Por otro lado, en una entrevista reciente, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ofreció asilo político a Maduro en caso de una salida del poder, aunque admitió que el tema no ha sido discutido formalmente con el líder sudamericano.
La continuidad de estos ataques cinéticos en alta mar sugiere un cambio irreversible en el combate al crimen trasnacional. Resta determinar si esta táctica logrará desarticular las rutas logísticas de los carteles o si, por el contrario, profundizará la inestabilidad jurídica y diplomática en el continente americano.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.