la CGT advierte judicialización de la reforma laboral

La central obrera celebró la postergación del debate legislativo para febrero. Jorge Sola, referente sindical, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y anticipó que la estrategia jurídica se centrará en defender el derecho a huelga en servicios que el Gobierno considera esenciales.

La central obrera prevé volver a la calle. Foto: Redes Sociales.

El triunfo táctico del sindicalismo

La decisión del oficialismo de trasladar el tratamiento de la reforma laboral al próximo año generó un clima de satisfacción cauta en la Confederación General del Trabajo (CGT).

Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción, calificó esta demora como una victoria para los trabajadores. Según el dirigente, el Gobierno nacional registró que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobar la norma de manera inmediata.

Este escenario de pausa legislativa surgió tras un trabajo de cabildeo por parte de la central con gobernadores y legisladores de diversos espacios políticos. El objetivo de estas gestiones fue exponer las consecuencias que, a criterio del gremialismo, tendría la aplicación del proyecto original.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que los apoyos están firmes y que el tiempo extra se utilizará para integrar cambios sugeridos por bloques aliados.

La batalla por los servicios esenciales

El punto de mayor fricción reside en el artículo 88 del proyecto de ley. Esta cláusula busca reglamentar el ejercicio de la huelga exigiendo coberturas mínimas de actividad. El texto divide las tareas en “esenciales“, con un 75% de prestación obligatoria, y de “importancia trascendental“, con un 50%. Entre ellas figuran desde la salud y la educación hasta la industria alimenticia y bancaria.

El equipo jurídico de la CGT, el mismo que logró invalidar el capítulo laboral del DNU 70, ya prepara las impugnaciones. Los abogados sindicales argumentan que estas restricciones son más severas que las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incluso Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Cambiemos, advirtió que la redacción actual es difusa y podría multiplicar los conflictos judiciales en lugar de reducirlos.

Un diagnóstico social complejo

La resistencia de la central obrera se apoya en una lectura crítica de la economía actual. Sola informó que en los últimos dos años desaparecieron 18.000 PyMEs (pequeñas y medianas empresas) y se perdieron cerca de 200.000 empleos registrados.

Para el dirigente, el problema de fondo no reside en las reglas de contratación, sino en la elevada carga tributaria y el impacto de la apertura de importaciones en sectores como el textil y el juguete.

El sindicalista remarcó que el equilibrio fiscal exhibido por la gestión de Javier Milei tiene un costo social elevado que afecta a jubilados y trabajadores informales. Según su visión, modificar los mecanismos de despido no garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo si no existe previamente un proyecto que fomente la inversión productiva genuina.

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