La central obrera celebró la postergación del debate legislativo para febrero. Jorge Sola, referente sindical, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y anticipó que la estrategia jurídica se centrará en defender el derecho a huelga en servicios que el Gobierno considera esenciales.
La decisión del oficialismo de trasladar el tratamiento de la reforma laboral al próximo año generó un clima de satisfacción cauta en la Confederación General del Trabajo (CGT).
Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción, calificó esta demora como una victoria para los trabajadores. Según el dirigente, el Gobierno nacional registró que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobar la norma de manera inmediata.
Este escenario de pausa legislativa surgió tras un trabajo de cabildeo por parte de la central con gobernadores y legisladores de diversos espacios políticos. El objetivo de estas gestiones fue exponer las consecuencias que, a criterio del gremialismo, tendría la aplicación del proyecto original.
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que los apoyos están firmes y que el tiempo extra se utilizará para integrar cambios sugeridos por bloques aliados.
El punto de mayor fricción reside en el artículo 88 del proyecto de ley. Esta cláusula busca reglamentar el ejercicio de la huelga exigiendo coberturas mínimas de actividad. El texto divide las tareas en “esenciales“, con un 75% de prestación obligatoria, y de “importancia trascendental“, con un 50%. Entre ellas figuran desde la salud y la educación hasta la industria alimenticia y bancaria.
El equipo jurídico de la CGT, el mismo que logró invalidar el capítulo laboral del DNU 70, ya prepara las impugnaciones. Los abogados sindicales argumentan que estas restricciones son más severas que las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incluso Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Cambiemos, advirtió que la redacción actual es difusa y podría multiplicar los conflictos judiciales en lugar de reducirlos.
La resistencia de la central obrera se apoya en una lectura crítica de la economía actual. Sola informó que en los últimos dos años desaparecieron 18.000 PyMEs (pequeñas y medianas empresas) y se perdieron cerca de 200.000 empleos registrados.
Para el dirigente, el problema de fondo no reside en las reglas de contratación, sino en la elevada carga tributaria y el impacto de la apertura de importaciones en sectores como el textil y el juguete.
El sindicalista remarcó que el equilibrio fiscal exhibido por la gestión de Javier Milei tiene un costo social elevado que afecta a jubilados y trabajadores informales. Según su visión, modificar los mecanismos de despido no garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo si no existe previamente un proyecto que fomente la inversión productiva genuina.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
