El proyecto de Presupuesto 2026 contempla un recorte del 93% en el fondo para educación técnica, poniendo en riesgo a 1.700 instituciones. Provincias y gremios advierten que la falta de recursos nacionales para maquinaria e insumos provocará el colapso operativo.
La reciente media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados ha encendido las alarmas en el sector educativo debido a una drástica reducción de partidas destinadas a la enseñanza técnica y agrotécnica. Según proyecciones del Centro de Economía Político Argentina (CEPA), el proyecto que ahora debe tratar el Senado contempla un recorte del 93% en el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) respecto a los niveles de inversión de 2023. Esta medida afectaría directamente la sostenibilidad de unos 1.700 establecimientos distribuidos en todo el territorio nacional, comprometiendo una estructura educativa que resulta vital para el desarrollo industrial y rural del país.
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo rector de estas instituciones, también enfrentaría una caída presupuestaria cercana al 84,5%. Este escenario deja a los gobiernos provinciales ante la difícil tarea de absorber costos de mantenimiento, maquinaria y capacitación docente que históricamente cubría la Nación. En regiones como Entre Ríos y La Pampa, donde decenas de miles de estudiantes dependen de estas instituciones, los representantes gremiales advierten que la falta de recursos para insumos de talleres y actualización tecnológica conducirá inevitablemente a un colapso operativo y a una merma sustancial en la calidad de la formación profesional.
Para las comunidades de la Puna y el norte argentino, las escuelas agrotécnicas cumplen una función social que trasciende lo pedagógico, organizando la vida cotidiana de pueblos alejados. Directivos escolares del interior han manifestado que, sin el aporte nacional, muchas de estas instituciones enfrentan un riesgo real de desaparición, dado que las administraciones locales no cuentan con la solvencia necesaria para garantizar el equipamiento costoso que requiere la enseñanza técnica. Mientras el debate se traslada a la Cámara Alta, la comunidad educativa intensifica las gestiones con los senadores para intentar revertir una norma que consideran una condena al mal funcionamiento y la obsolescencia del sistema.
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