La Justicia ordenó al Banco Central informar sobre el traslado de lingotes de oro al exterior, rechazando el secretismo oficial. El fallo exige transparencia en la gestión de reservas, obligando a detallar responsables y expedientes administrativos de estas operaciones financieras.
En una resolución que marca un hito para el acceso a la información gubernamental, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que la entidad monetaria nacional ya no puede mantener bajo secreto los movimientos del oro argentino hacia el extranjero. La Sala V, integrada por los magistrados Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, desestimó una sentencia previa que favorecía el ocultamiento de estos datos, argumentando que el organismo financiero fracasó al intentar justificar su postura de confidencialidad absoluta frente a un reclamo impulsado originalmente por la Asociación Bancaria.
Los magistrados fueron concluyentes al señalar que el Banco Central apeló a nociones sumamente vagas para denegar las peticiones, impidiendo cualquier tipo de control ciudadano sobre el manejo de los activos soberanos. La sentencia recalca que la administración pública debe regirse por el concepto de máxima publicidad y que las restricciones informativas no pueden ser impuestas por una voluntad unilateral del ente involucrado. Esta falta de apertura fue catalogada como una transgresión a las normativas de transparencia vigentes, especialmente considerando que la entidad también había bloqueado el acceso a estos datos a organismos de control como la Auditoría General de la Nación.
El origen de este conflicto legal se remonta a diversas solicitudes efectuadas a mediados de 2024, mediante las cuales se buscaba conocer los expedientes que avalaron los envíos, la identidad de los responsables técnicos, los costos de aseguramiento y el papel que desempeñó la sindicatura interna. Aunque inicialmente se argumentó que revelar estos detalles pondría en peligro la estabilidad del mercado financiero y la integridad de los activos, la Cámara estableció que es responsabilidad del Estado demostrar con pruebas concretas cualquier riesgo potencial, algo que no sucedió en este proceso judicial.
Hacia el futuro, el organismo que lidera las finanzas del país se encuentra ante la obligación de presentar toda la documentación demandada o, en una instancia excepcional, fundamentar de manera exhaustiva y específica por qué ciertas piezas informativas deben permanecer restringidas. Al considerar que el manejo de las reservas es un tema de relevancia colectiva primordial, los jueces recordaron que la ley ampara el derecho de la sociedad a conocer cómo se custodian sus bienes. Finalmente, la Justicia decidió cargar los gastos del proceso al Banco Central tras su derrota en ambas instancias legales.
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