La eliminación del subsidio a la gasolina desató protestas en Bolivia que bloquearon rutas en seis departamentos este lunes, con 13 puntos de corte reportados el martes por la Administradora Boliviana de Carreteras. El presidente Rodrigo Paz llamó al diálogo, pero defendió el decreto 5503 como necesario para reducir un déficit fiscal.
El Gobierno de Bolivia enfrenta una escalada de conflictividad social tras la decisión de suprimir la subvención estatal a los hidrocarburos, política que permaneció vigente durante más de 20 años.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó este martes la persistencia de 13 puntos de bloqueo que afectan la conectividad en Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, La Paz, Oruro, Beni y Pando.
La medida económica, formalizada a través del Decreto Supremo 5503, provocó un incremento inmediato en los surtidores. El precio de la gasolina especial subió a un dólar, mientras que el diésel alcanzó los 1,40 dólares, lo que representa un aumento superior al 160%.
El presidente de la Nación, Rodrigo Paz, calificó la situación como una urgencia financiera, argumentando que el déficit fiscal supera el 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Según el primer mandatario, la administración anterior dejó un país con las arcas estatales debilitadas, lo que imposibilita una transición gradual.
En la sede de Gobierno, una multitudinaria marcha integrada por mineros cooperativistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) manifestó su rechazo a lo que denominaron un “gasolinazo”.
El secretario general de la entidad, Mario Argollo, señaló que la quita del beneficio afectará de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. No obstante, tras una jornada de negociaciones, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) firmó un acuerdo con el Ejecutivo que garantiza el suministro de combustible para su sector y el control de precios de productos básicos.
Paralelamente, en Cochabamba, agrupaciones de cocaleros y juntas vecinales cerraron calles para exigir la abrogación de la norma. El expresidente Evo Morales cuestionó desde sus redes sociales la liberación de exportaciones de granos, advirtiendo que la falta de mecanismos para el mercado interno profundizará la inflación. Por su parte, el sector del transporte público en ciudades como Santa Cruz pactó tarifas transitorias para compensar los nuevos costos operativos.
Para mitigar el descontento, el Ejecutivo dispuso un incremento del 20% en el salario mínimo y reforzó diversos bonos de asistencia social. Sin embargo, el vicepresidente Edmand Lara manifestó públicamente su desacuerdo con la celeridad de la reforma económica, sosteniendo que el retiro del apoyo debió ser progresivo para no asfixiar la economía.
El diálogo iniciado podría desescalar tensiones, pero persisten dudas sobre el equilibrio entre ajuste fiscal y costo social en una economía golpeada.
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