El juez Alexandre de Moraes autorizó que Jair Bolsonaro abandone temporalmente su celda para una cirugía de hernia bajo vigilancia policial extrema. El exmandatario, condenado a 27 años por intento de golpe, tendrá prohibido el uso de dispositivos electrónicos durante su internación.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil, a través del magistrado Alexandre de Moraes, ha otorgado un permiso especial para que el exmandatario Jair Bolsonaro abandone su centro de reclusión y sea ingresado en un hospital. La medida responde a la necesidad de intervenir quirúrgicamente dos hernias inguinales detectadas en el político. No obstante, esta concesión sanitaria no relaja su situación procesal, ya que se ha dispuesto un operativo de vigilancia permanente a cargo de la Policía Federal, que custodiará tanto al paciente como las instalaciones médicas durante todo el proceso.
Esta salida representa el primer movimiento del líder del Partido Liberal fuera de las dependencias policiales desde que fuera encarcelado el pasado 22 de noviembre. El régimen de aislamiento se endureció tras un incidente previo en el que Bolsonaro admitió haber alterado su tobillera electrónica mientras cumplía arresto domiciliario. Aunque su defensa argumentó que el acto fue producto de una sospecha paranoica sobre micrófonos ocultos en el dispositivo, la justicia consideró que existía un riesgo real de evasión, lo que motivó su traslado a una celda en Brasilia.
Durante su estancia en el centro médico, la cual podría prolongarse por una semana según las estimaciones del equipo de cirugía, las restricciones serán severas. El juez prohibió expresamente el ingreso de teléfonos móviles o cualquier aparato de comunicación electrónica en la habitación. Únicamente se ha autorizado el acompañamiento presencial de su cónyuge, Michelle Bolsonaro, mientras el personal sanitario se enfoca en las tareas de recuperación postoperatoria, control de dolor y prevención de afecciones vasculares derivadas de la inmovilidad.
El contexto de su detención se remonta a la sentencia dictada en septiembre, cuando se le impuso una pena de 27 años y 3 meses de cárcel, junto con una sanción económica de 75.000 dólares. Los cargos que sustentan esta condena incluyen la dirección de una asociación ilícita para socavar la democracia, la destrucción de bienes históricos y el intento de derrocamiento violento del orden constitucional tras los comicios presidenciales. En la resolución final, De Moraes destacó el uso de la estructura estatal para sembrar caos institucional, aunque aplicó una reducción en la cuantía de la pena atendiendo a que el condenado supera los 70 años de edad.
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