Tras dos años de gestión, el oficialismo logró aprobar su primer plan de gastos con 46 votos a favor. El Gobierno debió ceder en el financiamiento universitario para asegurar la ley y evitar que el proyecto regresara a Diputados.
Tras dos años de gestión, el oficialismo logró aprobar su primer plan de gastos con 46 votos a favor. El Gobierno debió ceder en el financiamiento universitario para asegurar la ley y evitar que el proyecto regresara a Diputados.

La Cámara Alta dio un paso decisivo para la administración nacional al respaldar, en una primera instancia, el plan de gastos y recursos para el próximo año. Con un quórum de 47 legisladores al inicio, el Gobierno consiguió una victoria política que busca enviar señales de previsibilidad económica.
Sin embargo, el consenso es frágil en el tratamiento en particular, especialmente en los puntos referidos a la inversión en ciencia y el control sobre el financiamiento universitario.
La senadora Patricia Bullrich, en su rol de presidenta del bloque oficialista, defendió la normativa como una herramienta de transformación cultural y fiscal. Durante su exposición, remarcó que el equilibrio fiscal es un principio innegociable para reducir la inflación, la cual el proyecto estima en un 10,1% anual para 2026. Asimismo, la legisladora subrayó que el texto prioriza la seguridad y la asistencia social sin intermediarios.
En los pasillos del Senado, la vigilancia del proceso fue estricta. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, monitorearon el debate desde el despacho de Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria. La urgencia oficialista radicaba en cerrar el año legislativo con un plan de gastos avalado, evitando la discrecionalidad de una nueva prórroga presupuestaria.
El mayor foco de conflicto se trasladó al artículo 30, que elimina los pisos históricos de inversión destinados a educación y ciencia. El senador Maximiliano Abad advirtió que esta medida desprotege áreas estratégicas para el desarrollo, mencionando que la inversión científica actual apenas alcanza el 0,149% del Producto Bruto Interno (PBI).
Por otro lado, el artículo 12 introduce un mecanismo de presión sobre las universidades nacionales. Esta cláusula permite el congelamiento de fondos si las instituciones no remiten información detallada sobre el uso de sus recursos a la Secretaría de Educación. Estos puntos han generado fisuras incluso en los bloques que acompañaron la votación en general, como el radicalismo y sectores provinciales.

Desde la oposición dialoguista, la senadora salteña Flavia Royón justificó su apoyo por responsabilidad institucional, señalando que funcionar con presupuestos prorrogados es un riesgo para la gestión de las provincias. No obstante, aclaró que su voto no representa una conformidad total, sino una necesidad de dar rumbo al país.
En contraste, el bloque Justicialista, liderado por José Mayans, calificó la sesión de “tratamiento exprés” y cuestionó el nivel de endeudamiento contemplado. En una línea similar, la senadora Juliana Di Tullio sostuvo que el proyecto atenta contra la estructura del Estado-nación.
La jornada también estuvo marcada por incidentes, como la denuncia de la senadora Cristina López sobre irregularidades en el operativo de su despacho, lo que derivó en cruces directos con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El documento aprobado proyecta un crecimiento económico del 5% y una cotización del dólar a $1.423 para diciembre de 2026. Además del Presupuesto 2026, el temario incluyó la Ley de Inocencia Fiscal, una medida que busca facilitar la entrada de divisas al sistema financiero mediante la flexibilización de parámetros para el delito de evasión.
Con la sanción de esta ley, el Gobierno obtiene la herramienta que el mercado financiero exigía para dar señales de estabilidad.
No obstante, el costo político fue la renuncia a recortes en áreas sensibles como la discapacidad y el financiamiento de las universidades. ¿Será este presupuesto una hoja de ruta cumplible o el primer paso hacia una nueva etapa de tensiones por el cumplimiento de las metas de inversión educativa?
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