La nueva normaeleva drásticamente los pisos de evasión, reduce plazos de prescripción y crea un régimen simplificado donde los contribuyentes quedarán “blindados” ante las inspecciones de ARCA.
La nueva normaeleva drásticamente los pisos de evasión, reduce plazos de prescripción y crea un régimen simplificado donde los contribuyentes quedarán “blindados” ante las inspecciones de ARCA.
En una sesión clave para el programa económico del oficialismo, el Senado de la Nación sancionó este viernes la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
Con esta herramienta, el gobierno del presidente Javier Milei busca generar un “puente de plata” para los dólares adquiridos en el mercado informal, fomentando su ingreso al sistema mediante un relajamiento histórico de los controles y las sanciones penales.
El corazón de la ley es la creación de un “Régimen simplificado de Ganancias”. Según detalló el Ejecutivo, aquellos contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos que decidan adherirse quedarán, en palabras oficiales, “blindados para siempre”.
Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se limitará a cobrar el impuesto sobre los ingresos facturados, sin investigar el crecimiento patrimonial ni monitorear los gastos.
Al respecto, el artículo 39 de la normativa es contundente al señalar que se “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.
La ley introduce modificaciones profundas en el Régimen Penal Tributario, actualizando montos que habían quedado desfasados por la inflación, pero con una generosidad que ha generado debate.
El piso para que una conducta sea considerada evasión simple saltó de $1.500.000 a $100.000.000. Por su parte, para la evasión agravada, el umbral pasó de 15 millones a 1.000 millones de pesos.
Además de elevar la vara para la persecución penal, la norma otorga beneficios procesales inéditos:
A pesar de este marcado alivio en el control de fondo, la ley endurece las penas de forma para quienes no cumplan con los calendarios administrativos: las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término sufrirán aumentos considerables.
Con esta sanción, el Gobierno apuesta a que la previsibilidad y el perdón fiscal funcionen como el imán definitivo para la repatriación de capitales en el cierre de 2025.
A través de dos resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía elevó el tope de consumo eléctrico bonificable a 500 kWh en las regiones más calurosas y fijó rebajas de hasta el 50% en la factura de gas para la Patagonia, la Puna y otros distritos.
León XIV mantendrá reuniones reservadas con víctimas de abusos eclesiásticos durante su gira de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano confirmó los encuentros para manifestar cercanía pastoral y abrir caminos de sanación.
Un inversor, patrocinado por Juan Grabois, presentó un recurso para evitar el cierre de la investigación por la criptomoneda que promocionó el Presidente. Denuncian ignorar pruebas clave, ocultar operaciones millonarias con información privilegiada y exigen que se cite a declarar a todos los involucrados.
Funcionarios del Gobierno nacional ratificaron en la Cámara de Diputados la eliminación de 81.108 empleos estatales desde 2023, en el marco del debate por el Presupuesto 2027 para consolidar el plan de ajuste fiscal.
A minutos del cierre de los comicios, la asistencia a las urnas superó el 74%. El oficialismo, preocupado por la baja afluencia en sus bastiones, pidió extender el horario de votación, pero la autoridad electoral rechazó la solicitud.
José Luis Espert apeló ante la Cámara Federal de San Martín su procesamiento por presunto lavado de 200.000 dólares vinculados a Federico Machado. La presentación rechazó el fallo del juez Lino Mirabelli y exigió levantar un embargo de $1.000 millones.
El legislador negó que el excandidato presidencial haya huido a Estados Unidos, luego de que el juez Alexandre de Moraes le prohibiera salir de Brasil y retuviera sus pasaportes. El Gobierno argentino confirmó que no existen registros de su ingreso al país.
Bunge clausuró su planta química en Campana tras 50 años de actividad, debido a costos y obsolescencia técnica. La medida desvinculó a 110 trabajadores directos, mientras el gremio denuncia que el impacto total alcanzará a 200 personas.
