La empresa estatal AySA implementará un fuerte ajuste en sus boletas a partir de enero de 2026. Según el nuevo esquema, las tarifas de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán un 17% cada mes entre enero y abril, acumulando una suba que superará la totalidad de los incrementos otorgados …
La medida busca corregir un atraso tarifario estimado en un 21% a diciembre de 2025. Durante el año electoral que acaba de finalizar, el Ministerio de Economía impuso un tope de aumento del 1% mensual para las tarifas de agua, con el fin de traccionar la desinflación. Esta política provocó que, mientras la inflación anual de 2025 rondó el 31%, las boletas de AySA apenas subieran un 13%. Según la compañía, este desfasaje generó una pérdida de ingresos superior a los $95.000 millones, afectando planes de inversión y mantenimiento de infraestructura.
Desde una perspectiva administrativa, el Gobierno nacional justifica este “salto” tarifario como una medida necesaria para devolver el equilibrio económico-financiero a la empresa, paso previo fundamental ante una eventual privatización en 2026. Al absorber funciones de la recientemente cerrada Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y buscar la eficiencia operativa, el Ejecutivo considera que es momento de que las tarifas reflejen los costos reales del servicio, los cuales están compuestos en más de un 50% por el costo de la energía eléctrica necesaria para el bombeo y transporte del agua.
Para los usuarios, el impacto será significativo. Luego de meses de aumentos marginales, el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 representará un golpe al bolsillo superior al de 2025 en términos nominales. Sin embargo, AySA ratificó que se mantendrá vigente la Tarifa Social y Comunitaria, así como el subsidio del 15% para aquellos usuarios residenciales ubicados en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos, intentando amortiguar el efecto en los sectores más vulnerables.
En términos de comunicación política, el anuncio se realiza en el cierre de año para “limpiar” el balance de 2025 y proyectar un 2026 de sostenibilidad fiscal. Tras el éxito del superávit financiero y la baja del riesgo país, el equipo económico de Luis Caputo considera que la sociedad tiene mayor margen para absorber estas actualizaciones, siempre que se garantice la continuidad y calidad de un servicio esencial que enfrentará un verano de alta demanda y temperaturas extremas.
El ente máximo del fútbol mundial registró en su web de infracciones cinco casos para el “Ciclón”.
La producción del ciclo tomó la determinación tras una entrevista no autorizada que la panelista brindó a otro canal. El hecho ocurrió en medio de un clima de tensión por un reciente enfrentamiento al aire con María Fernanda Callejón.
La Justicia de Morón detuvo al principal sospechoso de balear al dueño de un supermercado el pasado enero. La investigación, que incluyó a Interpol, vincula el hecho con una red de contratación remunerada para ataques comerciales.
Acompañado por Eugenia Suárez, el deportista regresó a Buenos Aires para presentarse ante el Juzgado Civil N.º 106. El motivo del llamado judicial es una deuda de 147.582 dólares vinculada a la manutención de sus dos hijas menores.
Tras el choque con Mauritania, la Scaloneta volverá a jugar martes 31 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.
La Agencia Espacial Europea restableció comunicación con el satélite Coronagraph-1 tras un mes de silencio total. Un giro orbital permitió que los paneles solares captaran luz, activando los sistemas de emergencia que el equipo técnico en España utilizó para retomar el control.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acción legal contra la Universidad de Harvard. El Gobierno busca recuperar miles de millones de dólares en fondos federales alegando violaciones a los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes.
La Justicia Federal de Córdoba dictó la prisión domiciliaria para un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba acusado de difundir mensajes antisemitas. El operativo, impulsado por una denuncia de la DAIA, incluyó el secuestro de material tecnológico en su vivienda.
