El Gobierno israelí revocará los permisos de 37 organizaciones humanitarias desde enero por supuestos vínculos terroristas. La medida genera alerta internacional ante el posible cierre de centros sanitarios que atienden a miles de palestinos en la Franja.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel confirmó la suspensión de las actividades de 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Gaza y Cisjordania. La disposición, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, afecta directamente a entidades como Médicos Sin Fronteras (MSF), tras ser señaladas por presuntas irregularidades en sus registros de personal y operaciones.
Según el organismo gubernamental, estas instituciones no entregaron información completa sobre sus empleados. El funcionario israelí que ratificó la medida sostuvo que personas afiliadas a estas organizaciones mantuvieron vínculos con grupos como Hamás y la Yihad Islámica. Sin embargo, no se presentaron pruebas públicas que fundamenten dichas acusaciones al momento del anuncio.
Las nuevas normativas para otorgar licencias se introdujeron en marzo de 2025 bajo la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu. Entre los requisitos exigidos, las ONG deben detallar la identidad de todos sus trabajadores y abstenerse de promover campañas de boicot o deslegitimación contra el Estado de Israel. El incumplimiento de estos estándares faculta al Gobierno para retirar las credenciales operativas.
Las organizaciones notificadas deberán finalizar sus labores antes del 1 de marzo de 2026. Por su parte, Médicos Sin Fronteras manifestó que hasta el 30 de diciembre no recibió ninguna comunicación oficial al respecto. La entidad advirtió que su retiro forzoso dejaría sin atención médica a una parte significativa de la población, ya que sus equipos asisten uno de cada tres partos en el territorio gazatí.
El impacto de esta decisión se suma a la reciente ley del Parlamento israelí que eliminó la inmunidad de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina). Esta reforma autoriza al Estado a embargar bienes y cortar suministros básicos de la agencia de la ONU, que asiste a casi seis millones de refugiados.
Ante este escenario, los ministros de Asuntos Exteriores de diez países, incluidos el Reino Unido, Francia y Japón, emitieron un comunicado conjunto para expresar su preocupación. Los diplomáticos advirtieron que la situación en Gaza es catastrófica y que la salida de las ONG internacionales podría causar el cierre del 33% de los centros de salud disponibles en la zona.
La comunidad internacional remarcó que 1.300.000 personas necesitan refugio urgente debido al descenso de las temperaturas y las lluvias invernales. El cese de las operaciones humanitarias agravaría la inseguridad alimentaria en una región donde las infraestructuras de saneamiento ya colapsaron.
¿Podrá el sistema asistencial de la región sobrevivir a la salida de las organizaciones que hoy sostienen la red hospitalaria? La aplicación de estas normas de seguridad abre un debate sobre el futuro de la ayuda humanitaria bajo supervisión militar directa.
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