La jueza Loretta Preska fijó para marzo audiencias por desacato contra Argentina ante su negativa a entregar comunicaciones de funcionarios en el juicio por YPF. Los demandantes buscan probar que el Estado y la petrolera operan como una misma entidad.
La magistrada Loretta Preska, titular del tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan, ha establecido un calendario formal para analizar las peticiones de desacato y penalidades contra el Estado argentino. Esta decisión surge en medio de la fase de ejecución de la sentencia que obliga al país a abonar 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de la petrolera. La jueza ha reservado las jornadas del 23 y 24 de marzo de 2026 para llevar a cabo audiencias probatorias, un paso que la defensa de los acreedores interpreta como una señal de que los reclamos por obstrucción están siendo tomados con suma gravedad por la corte estadounidense.
El núcleo del conflicto actual reside en la negativa de Buenos Aires a facilitar el acceso a comunicaciones privadas de altos mandos y exfuncionarios. Burford Capital, el principal beneficiario del fallo, busca obtener correos y mensajes personales para demostrar que la República Argentina e YPF operaban bajo la figura de “alter ego”, es decir, como una única voluntad jurídica. El acceso a estos datos es parte del proceso de “discovery”, una etapa técnica donde los demandantes intentan identificar activos estatales que puedan ser embargados para cubrir el millonario compromiso financiero.
Desde la representación legal argentina se sostiene que el Estado no tiene potestad para entregar registros de dispositivos o cuentas particulares sin la autorización expresa de sus titulares. Aunque algunos exmiembros de la administración han accedido a la petición, figuras centrales del gabinete actual, como el ministro de Economía y el titular de Relaciones Exteriores, habrían rechazado el consentimiento. Esta resistencia ha llevado a los querellantes a solicitar una orden judicial que declare al país en rebeldía, lo que podría acarrear multas diarias y un endurecimiento de las condiciones de negociación.
El cronograma fijado por Preska estipula que el intercambio de documentación técnica y escritos informativos se extenderá desde mediados de enero hasta principios de marzo. Según expertos en derecho internacional, si Argentina no modifica su postura respecto a la privacidad de las comunicaciones oficiales, la audiencia de finales de marzo podría culminar en una declaración formal de desacato. Tal resolución afectaría no solo la imagen del país ante los mercados financieros globales, sino que también otorgaría a los demandantes nuevas herramientas legales para avanzar sobre propiedades y recursos argentinos en el exterior.
El gobernador bonaerense enviará a Cristina Álvarez Rodríguez al homenaje de monseñor Angelelli organizado por Ricardo Quintela. La decisión evita el cruce directo con el diputado nacional y expone las tensiones internas en el PJ.
Javier Milei anunció por cadena nacional un proyecto de ley para prohibir la emisión monetaria destinada al Tesoro e incluir sanciones penales, en medio de severas críticas a la gestión kirchnerista.
En la Autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Morrison, una camioneta perdió el control este jueves a la mañana, chocó contra la cartelería y se partió en dos. Tres ocupantes fallecieron y un hombre resultó gravemente herido.
Tras una reunión extraordinaria celebrada este jueves, las 41 federaciones de Concacaf rechazaron unánimemente la venta de participaciones del Mundial impulsada por la FIFA, alineándose con la UEFA para bloquear la llegada de capitales privados al fútbol.
Impulsadas por el clima positivo en Wall Street tras la decisión de la Fed, las acciones argentinas avanzaron este jueves hasta 8% en Nueva York, en una jornada donde el dólar cedió y el riesgo país cayó a 441 puntos.
Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri terminaron con distintas molestias ante Gimnasia. Los tres serán evaluados para determinar el tiempo de recuperación.
Luna Suyai Ortigoza permaneció prófuga dos meses tras el hallazgo de medio kilo de cocaína en su vivienda y fue arrestada en un operativo policial.
Durante una ceremonia en la Catedral de Córdoba, el cura Alejandro Nicola, investigado por abuso de menores en un jardín de infantes, volvió a dar misa. La Iglesia argumentó que carece de sanción canónica, desatando la indignación familiar.
