Fiscales solicitaron elevar las condenas de Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner. La acusación exige reconocer alevosía y violencia política de género, argumentando que el ataque fue una ejecución a traición diseñada para disciplinar a la exmandataria.
La Cámara Federal de Casación Penal recibió un pedido formal para incrementar las condenas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de la exvicepresidenta ocurrido en septiembre de 2022. Las funcionarias Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta, representantes del Ministerio Público Fiscal, solicitaron que los castigos asciendan a 15 y 14 años de cárcel respectivamente, al considerar que la sentencia previa omitió factores determinantes sobre la naturaleza del ataque.
El planteo fiscal se centra en que el tribunal anterior descartó injustificadamente los agravantes de alevosía y violencia de género. Según el recurso presentado, Sabag Montiel actuó bajo una modalidad de “traición”, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima al simular ser un seguidor que se acercaba a saludar. Las fiscales argumentan que la existencia de una custodia no anula el estado de indefensión de la exmandataria, ya que el agresor utilizó un contexto de cercanía afectiva con sus militantes para ejecutar un plan premeditado que solo falló por cuestiones ajenas a su voluntad.
Asimismo, la impugnación critica la visión del tribunal sobre la violencia contra las mujeres. Las fiscales sostienen que los jueces aplicaron una interpretación restrictiva al limitar el concepto de femicidio al ámbito doméstico o de pareja, ignorando que la legislación argentina reconoce explícitamente la violencia política de género. Para la acusación, el atentado fue una acción de castigo y disciplinamiento hacia una mujer con alta visibilidad pública, fundamentada en lógicas de dominación que exceden lo estrictamente partidario.
El documento judicial enfatiza que exigir una relación de jerarquía personal o un vínculo previo entre los involucrados torna inaplicable el agravante en ataques ocurridos en el espacio público. En este sentido, la fiscalía sostiene que la sentencia vigente es inválida por añadir requisitos que la ley no contempla, instando a los magistrados de Casación a reconocer el hecho como una tentativa de femicidio político. El destino de los detenidos, que actualmente cumplen penas de 10 y 8 años, queda ahora supeditado a la revisión de este tribunal superior.
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