El Gobierno de Petro fijó un incremento del 23,8% en el salario mínimo, desatando el debate. Según Expertos advierten sobre una espiral inflacionaria, la destrucción del empleo formal y un grave desequilibrio fiscal que comprometería la economía colombiana.
El reciente anuncio del Poder Ejecutivo colombiano de elevar el salario básico un 23,8% ha generado una polarización profunda en la esfera económica regional. Con este ajuste, el haber mínimo alcanza los dos millones de pesos, una cifra que la administración de Gustavo Petro define como “vital” para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, analistas advierten que esta medida, aunque celebrada por los sindicatos y pensionados, podría desencadenar efectos colaterales severos en la estructura productiva y la estabilidad de precios del país andino.
Para el economista Jorge Restrepo, el principal peligro reside en la presión sobre los costos de servicios esenciales y la posible compresión de la pirámide salarial. Al elevarse el piso de ingresos de forma tan drástica, se produce un fenómeno donde los trabajadores calificados ven reducida la brecha respecto al personal sin formación, desincentivando el progreso profesional. Además, advierte que este incremento actúa como una barrera para los sectores más vulnerables, como los jóvenes y los trabajadores rurales, quienes podrían quedar marginados de la formalidad ante la incapacidad de las empresas para absorber tales costos.
Hernando Zuleta, de la Universidad de los Andes, sostiene que la comparación con otros modelos regionales es engañosa. Según explica en El País, a diferencia de lo ocurrido en México, en Colombia el salario mínimo está muy cerca del salario promedio, lo que deja poco margen de maniobra al sector privado. El académico pronostica que este “choque de oferta” obligará a las pequeñas y medianas empresas a reducir jornadas o acelerar procesos de automatización para subsistir, lo que paradójicamente podría derivar en una destrucción de puestos de trabajo registrados.
Desde una perspectiva macroeconómica, Salomón Kalmanovitz califica la decisión como una imprudencia financiera. El exdirector del Banco de la República señala que el Estado colombiano deberá afrontar un gasto extra de 1,2 billones de pesos para ajustar su propia nómina pública, agravando un déficit que ya es preocupante. Este desequilibrio obligará a mantener tasas de interés elevadas para contener la inflación residual, lo que frenará el crecimiento general de la economía. Mientras los sectores beneficiarios perciben un alivio inmediato, los expertos temen que la medida comprometa la salud fiscal de las futuras administraciones.
Tras la breve tregua de junio, la confianza en el Gobierno de Javier Milei retrocedió un 6,5% en julio y cayó a 1,94 puntos. El informe de la Universidad Di Tella atribuyó el deterioro al descontento en jóvenes y al impacto de la inseguridad.
Aníbal Fernández reapareció este lunes en la Gobernación bonaerense para alinearse con Axel Kicillof, tildar de imposible la candidatura de Cristina Kirchner y denunciar a Máximo Kirchner por el manejo discrecional de las candidaturas del espacio.
Estimaciones de la Unión Industrial Argentina revelaron que la actividad fabril cayó 1,8% interanual en junio, arrastrada por desplomes en construcción y metalmecánica que amortiguaron los repuntes registrados en energía y exportaciones.
Informes del INDEC revelaron que 501.900 residentes viajaron al exterior en junio, marcando una baja interanual del 22%. Sin embargo, el mayor gasto de los viajeros locales sostuvo un déficit trimestral de 751,9 millones de dólares.
Luego del conflicto desencadenado por el presidente Javier Milei en São Paulo, diplomáticos de Argentina y Brasil dialogaron en Itamaraty sin lograr acuerdos, en medio del llamado a consultas del embajador brasileño a tiempo indeterminado.
El piloto argentino cerró la primera parte de la temporada con un discreto decimoquinto puesto en el GP de Hungría.
En el marco de la visita de Kristalina Georgieva a Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresó este lunes un proyecto para prohibir acuerdos con el FMI por decreto y exigir aval del Congreso.
Una oficial de la Policía de la Ciudad de 37 años falleció tras dispararse en la puerta de una seccional de Virrey del Pino, mientras su ex pareja la denunciaba por daños.
