El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la retención de al menos siete comunicadores este lunes en Caracas, durante la instalación del nuevo período legislativo. Tres fueron liberados horas después; el gremio exige la libertad inmediata del resto y el fin de la persecución.
La jornada de instalación del periodo legislativo 2026-2031 estuvo marcada por el arresto de periodistas y trabajadores de medios en las inmediaciones del parlamento venezolano. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que, entre la mañana y las primeras horas de la tarde del 5 de enero, al menos siete personas resultaron aprehendidas por las fuerzas de seguridad.
A través de un reporte en la red social X, el organismo gremial precisó que tres de los detenidos fueron liberados horas después de su captura. No obstante, el sindicato instó a las autoridades a otorgar la libertad inmediata al resto de los comunicadores. Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de los afectados ni los cargos específicos que motivaron su traslado.
Más allá de los eventos ocurridos este lunes, el SNTP publicó un comunicado donde denunció la persistencia de una “censura estructural” en el país. Según la organización, actualmente existen 23 periodistas y trabajadores de la prensa privados de libertad de manera arbitraria como consecuencia de su labor informativa.
Paralelamente, el gremio alertó sobre el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet mediante mecanismos tecnológicos y administrativos. Estas acciones, calificadas por el sindicato como censura previa, limitan el pluralismo informativo y el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes de noticias.
El pronunciamiento oficial del SNTP también incluyó una muestra de solidaridad hacia 180 sindicalistas y defensores de derechos humanos que permanecen encarcelados. La institución subrayó que la criminalización de la disidencia pacífica constituye un obstáculo para la reconstrucción institucional y la paz social.
En este contexto, el gremio exhortó al Estado venezolano a considerar como una prioridad inaplazable la liberación de todas las personas presas por razones políticas. Asimismo, insistieron en que la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos consagrados en la Constitución y no concesiones del poder de turno.
La situación actual de la prensa en el país plantea interrogantes sobre la viabilidad de una transición democrática mientras existan barreras para el ejercicio del periodismo. ¿Podrán las instituciones garantizar la seguridad de los comunicadores en el nuevo ciclo legislativo que comienza?
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