El gobernador, Gustavo Melella, aceptó las renuncias de Francisco Devita y su equipo en Economía, además de Adriana Chapperón en Bienestar Humano, en medio de tensiones fiscales y críticas de Luis Caputo, mientras la provincia enfrenta deuda y caída industrial sin aportes nacionales desde 2023.
El inicio de 2026 presentó un escenario de inestabilidad institucional para la gestión de Gustavo Melella en Tierra del Fuego. Mediante el Decreto 3032/25, el Poder Ejecutivo formalizó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Devita, quien se retiró junto a su equipo técnico más cercano.
Además, el mandatario provincial designó a Alejandro Barroso como nuevo titular de la cartera, quien deberá gestionar las cuentas públicas en un contexto de recursos limitados y falta de asistencia financiera nacional.
La salida de Devita no fue un hecho aislado. El equipo económico saliente dejó sus cargos tras haber solicitado a las empresas del polo industrial un adelanto extraordinario de 20.000 millones de pesos.
Este movimiento fiscal se realizó para cubrir el pago del medio aguinaldo de 16.000 agentes estatales. A esta situación se sumó la dimisión de Adriana Chapperón en el Ministerio de Bienestar Humano, un área que enfrenta una presión creciente debido a la caída de la actividad fabril en Río Grande y Ushuaia.
El conflicto administrativo se trasladó al plano político nacional tras las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El funcionario cuestionó la solvencia del distrito y vinculó las dificultades financieras con la pertenencia partidaria del gobierno fueguino. Desde Ushuaia, las autoridades provinciales denunciaron un “castigo político”, fundamentado en que la provincia cerró el ejercicio 2025 sin recibir fondos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A nivel interno, la gestión de Melella también afronta un reordenamiento en mandos medios. Se aceptaron las renuncias de la secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, y de funcionarios en las áreas de Recursos Naturales y Enlace Institucional. Estos cambios ocurren en un marco de fragmentación política, donde el oficialismo provincial perdió representación en el Senado y mantiene una relación distante con los intendentes de las principales ciudades de la isla.
El nuevo ministro, Alejandro Barroso, asume la conducción de una cartera que opera sin un presupuesto aprobado para el presente año. La administración deberá funcionar con partidas reconducidas mientras lidia con una deuda en moneda extranjera y el reclamo persistente de los sectores gremiales.
La falta de cumplimiento en convenios de obra pública y los recortes en áreas de salud y educación completan un panorama de alta volatilidad para el distrito más austral del país.
La salida masiva de funcionarios se presenta desde la gobernación como una búsqueda de “oxigenación” del gabinete. Sin embargo, la cúpula financiera integrada por el exsecretario de Finanzas, Eduardo Almirón Denis, y la exdirectora de Hacienda, María de los Ángeles Vázquez, dejó sus funciones en el momento de mayor fragilidad de las reservas provinciales.
El reordenamiento de las piezas políticas del gobernador Melella abre una etapa de incertidumbre sobre la viabilidad del modelo de asistencia estatal vigente. Resta observar si este recambio de nombres permitirá establecer nuevos puentes de diálogo con el Gobierno nacional o si, por el contrario, profundizará el aislamiento financiero de la provincia.
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