Gobernadores alertan que la reforma laboral de Milei recortará fondos coparticipables mediante bajas en Ganancias e impuestos a bienes lujosos. La oposición denuncia una reforma tributaria encubierta que beneficia a grandes empresas, mientras el Gobierno negocia apoyos con distritos dialoguistas.
El Ministerio del Interior, bajo la conducción de Diego Santilli, se prepara para un periodo de intensas negociaciones con los mandatarios provinciales. El foco del conflicto radica en el componente impositivo del nuevo proyecto de reforma laboral, el cual, según denuncian diversos gobernadores, representa un severo ajuste sobre los fondos coparticipables. La preocupación central gira en torno a las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, cuya reducción de alícuotas para grandes sociedades y la incorporación de nuevas exenciones afectarían directamente el flujo de recursos automáticos que reciben las jurisdicciones del interior.
Informes técnicos de consultoras especializadas estiman que el sacrificio fiscal derivado de estos cambios alcanzaría el 0,22% del Producto Bruto Interno. De este monto, más de un billón de pesos dejaría de ingresar a las tesorerías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El impacto no será equitativo: la provincia de Buenos Aires encabeza la lista de los distritos más perjudicados, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco. Mientras el Ejecutivo nacional defiende la medida como un estímulo necesario para la inversión privada, los gobernadores advierten que el alivio impositivo a las corporaciones se financia con el presupuesto destinado a servicios esenciales en sus territorios.
Desde la oposición, el bloque de Fuerza Patria ha calificado la iniciativa como una “reforma tributaria encubierta”. Señalan que la baja de impuestos beneficia primordialmente a un segmento ínfimo de grandes empresas que concentran la mayor parte de la recaudación. Además, la propuesta de eliminar gravámenes internos sobre bienes de lujo, como automóviles de alta gama, yates y aeronaves, ha generado un fuerte rechazo. Legisladores opositores consideran contradictorio que se reduzcan tributos a los sectores de mayores ingresos mientras se mantienen congeladas las partidas para universidades o servicios de asistencia social.
La Casa Rosada ha mostrado una gestión de los recursos que premia a los distritos con posturas dialoguistas, mientras que las provincias opositoras registran variaciones mucho menores en sus transferencias. Esta dinámica de “premio y castigo” ha sido efectiva para leyes previas, pero la reforma laboral plantea un desafío mayor debido al recorte directo en la masa coparticipable. La estrategia oficial, coordinada por figuras como Patricia Bullrich en el Senado, busca llevar el texto al recinto a mediados de febrero, aunque se descuenta que los gobernadores exigirán cambios profundos en el capítulo impositivo para evitar el desfinanciamiento de sus administraciones.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
FATE formalizó el cierre de su planta en San Fernando enviando los últimos telegramas de despido. La empresa atribuyó el final a la competencia china y al conflicto sindical, bajo un modelo económico que eliminó el proteccionismo estatal industrial.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi declaran este martes en el juicio “Cuadernos” ante el Tribunal Federal 7. El exsecretario de Transporte romperá el silencio para responder por el presunto cobro de sobornos ferroviarios en la causa que lidera Cristina Kirchner.
