En el marco de la visita de Kristalina Georgieva a Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresó este lunes un proyecto para prohibir acuerdos con el FMI por decreto y exigir aval del Congreso.
En el marco de la visita de Kristalina Georgieva a Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresó este lunes un proyecto para prohibir acuerdos con el FMI por decreto y exigir aval del Congreso.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, ingresó este lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de endeudamiento externo de la Argentina.
La iniciativa, que cuenta con la firma de 15 legisladores del mismo bloque, establece que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o con otros organismos multilaterales de crédito deba contar con la aprobación previa de una ley especial del Congreso de la Nación.
La presentación parlamentaria coincidió con la presencia en Buenos Aires de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien mantuvo encuentros con el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.
Durante la jornada, las autoridades gubernamentales ratificaron el rumbo del programa económico vigente, mientras que el sector parlamentario de la oposición buscó fijar condiciones legales estrictas para futuras negociaciones financieras.
El texto de la iniciativa prohíbe de forma expresa el uso de decretos de necesidad y urgencia para la suscripción de compromisos financieros con entidades internacionales.
El proyecto deroga la Ley 27.612 y plantea que cada operación determine el monto máximo autorizado, el tipo de deuda, los plazos de amortización y el destino específico de los fondos. Además, impone la nulidad absoluta de los actos administrativos que contravengan la norma.
Para limitar el nivel de pasivos en moneda extranjera, el texto introduce un tope permanente de endeudamiento equivalente a dos años de exportaciones del país, tomando como referencia el promedio del trienio previo.
La superación de dicho límite solo podrá ser autorizada mediante el voto de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, con la sola excepción de escenarios de catástrofe natural, pandemia o conflicto bélico.
Paralelamente, la iniciativa concede facultades de fiscalización a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales. Esta comisión podrá solicitar documentación sin restricciones de confidencialidad y requerir la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central.
Un pilar central del proyecto fundamenta la doctrina de la corresponsabilidad entre acreedor y deudor en aquellos programas de financiamiento otorgados por motivos políticos o con fallas de diseño.
La iniciativa sostiene que una porción del crédito de 45.000 millones de dólares contratado en 2018 excedió las pautas normativas del organismo, por lo que mandata al Poder Ejecutivo a solicitar la reclasificación de ese tramo de la deuda, denominado en el proyecto como excedente político.
Los autores de la propuesta plantean que dicha fracción, estimada en el texto entre 30.000 y 37.800 millones de dólares, sea reconvertida a plazos de entre 20 y 30 años, sin el cobro de sobrecargos de intereses y con vencimientos vinculados a la evolución de las exportaciones y el producto bruto interno. Asimismo, el articulado resalta la capacidad del Banco Central para aplicar regulaciones a los flujos de capitales con el fin de evitar salidas masivas de divisas.
El proyecto fija un plazo de 90 días desde su eventual promulgación para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el programa vigente para su ratificación o rechazo. La postura de Kirchner retoma la línea sostenida en marzo de 2022, cuando renunció a la jefatura de la bancada oficialista al manifestar su disconformidad con el entendimiento alcanzado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
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