La IGJ desmintió haber autorizado el traslado de sede de la AFA a Buenos Aires. Daniel Vítolo investiga inconsistencias por 450 millones de dólares y citó a contadores a declarar, mientras la entidad deportiva acusa al organismo de persecución política.
La tensión entre la Inspección General de Justicia (IGJ) y la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de confrontación legal. Daniel Vítolo, titular del organismo fiscalizador, rechazó categóricamente que se haya otorgado autorización para trasladar la sede social de la entidad a la provincia de Buenos Aires. Según el funcionario, la maniobra de mudar el domicilio legal a Pilar, anunciada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, carece de validez jurídica y podría ser un intento de eludir los controles porteños para buscar amparo político en otra jurisdicción.
Desde la IGJ aclararon que el documento que posee la AFA es meramente un “certificado de vigencia” del trámite y no una aprobación definitiva. Vítolo comparó la situación con tener un boleto de compraventa sin poseer la escritura traslativa de dominio. Además, el organismo subrayó que las asambleas donde se votó dicho cambio y la reelección anticipada de autoridades no fueron convalidadas, lo que deja a la actual conducción en una posición administrativa delicada frente a posibles sanciones o intervenciones.
El eje del conflicto radica en la auditoría de los estados contables de los últimos años. La justicia administrativa ha puesto la mirada sobre partidas que superan los 111 millones de dólares en la AFA y otros 340 millones vinculados a la extinta Superliga. En respuesta a las intimaciones, la entidad del fútbol presentó documentación este martes, la cual está siendo revisada minuciosamente. “Si la presentación fue hecha ahora, es porque antes no estaba en regla”, deslizaron fuentes oficiales, señalando que algunos balances previos carecían de firmas reglamentarias.
El calendario judicial y administrativo marca el 20 de enero como un día clave para definir el futuro de la asociación. En las próximas 48 horas, una serie de peritos contables y auditores externos deberán declarar ante la IGJ para justificar el origen y destino de fondos que, en conjunto, alcanzan los 450 millones de dólares bajo sospecha. Mientras la AFA acusa al Gobierno de construir un “relato ficticio” y de persecución, las autoridades advierten que, de no mediar explicaciones satisfactorias, el caso podría derivar en denuncias penales por administración fraudulenta.
La cantante tucumana se sumó a la competencia en reemplazo de una participante saliente, mientras que el exfutbolista Brian Sarmiento resultó eliminado por el voto del público. La nueva integrante arribó con una propuesta gastronómica para sus compañeros.
La serie se definirá el próximo miércoles en Alemania.
En medio de una semana de paro universitario, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las universidades nacionales para que garanticen el derecho a la educación, y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó el comunicado y convocó a una nueva movilización el 12 de mayo.
Las ventas en surtidores retrocedieron 1,83% interanual en marzo tras aumentos del 24%. Pese a la crisis, la petrolera estatal YPF creció 1,03% mientras las marcas privadas sufrieron fuertes caídas por la migración de clientes hacia precios más bajos.
La Academia Nacional de Ciencias retiró la investigación sobre cáncer de páncreas tras confirmar que el científico Mariano Barbacid omitió su vínculo con la empresa Vega Oncotargets. El estudio, realizado en ratones, enfrenta ahora un duro cuestionamiento ético.
Verónica Ojeda declaró en San Isidro y pidió incorporar una grabación más extensa de la reunión en Clínica Olivos donde se definió la internación domiciliaria del exfutbolista. El tribunal aceptó el pedido y ordenó comparar ese material con otro ya existente.
Ricardo Jaime rechazó ante el Tribunal Oral Federal 7 haber recaudado coimas del sector transporte. El exsecretario calificó como falsos los testimonios de los empresarios arrepentidos, cuestionó la validez de los cuadernos y solicitó su traslado a Córdoba por salud.
La Cámara de Apelaciones falló a favor del Gobierno y ordenó que los reclamos de inconstitucionalidad de la central obrera tramiten en el fuero Contencioso Administrativo. Es la segunda victoria judicial de la Casa Rosada en una semana tras la puesta en vigencia de la norma.
