Xiomara Castro autorizó la transición presidencial hacia el conservador Nasry Asfura, pese a denunciar un fraude masivo y calificar al nuevo gobierno de ilegítimo. Bajo presión regional y tras semanas de incertidumbre, la mandataria confirmó su salida respetando los plazos legales.
En medio de una profunda crisis institucional, la mandataria Xiomara Castro autorizó finalmente los procedimientos para transferir el Ejecutivo a Nasry Asfura, el dirigente conservador ratificado como ganador de los recientes comicios. No obstante, el gesto administrativo estuvo cargado de reproches; la jefa de Estado calificó a la administración entrante como un proyecto ilegítimo, producto de lo que denominó un engaño masivo en el procesamiento de las papeletas. Según su denuncia, las instituciones electorales locales omitieron deliberadamente el conteo de más de un millón de votos, lo que en su perspectiva representa una vulneración directa a la voluntad ciudadana y un quebrantamiento del orden constitucional.
La resistencia del oficialismo, encabezado por el partido Libertad y Refundación, se mantuvo firme durante semanas, exigiendo revisiones exhaustivas de las actas y señalando la supuesta injerencia del gobierno de Donald Trump en favor de la candidatura opositora. Sin embargo, el complejo panorama geopolítico, marcado por las recientes acciones militares estadounidenses en Sudamérica y el temor a repercusiones regionales, parece haber forzado una moderación en la estrategia de Castro. Durante un acto oficial de la Policía Nacional, la presidenta confirmó que abandonará su cargo en la fecha prevista, aunque utilizó su discurso para advertir sobre el regreso de estructuras políticas que considera anárquicas y fraudulentas.
Este cambio de mando pone fin a una etapa de incertidumbre sobre la permanencia de Castro en el poder, pero deja un escenario social polarizado y con serios cuestionamientos sobre la transparencia del sistema democrático hondureño. Mientras Asfura se prepara para asumir la presidencia con el respaldo de sectores conservadores y el guiño de la Casa Blanca, la mandataria saliente se despidió instando a las nuevas generaciones a combatir lo que describió como el control bipartidista del país. El proceso de transición, que comienza formalmente este mes, se anticipa tenso y vigilado de cerca por la comunidad internacional.
Un informe del CEAZA registró una cobertura histórica en la ladera occidental durante agosto. El fenómeno duplicó el promedio de los últimos años y garantizará la provisión de agua dulce para el consumo y la agricultura en la región.
Los abogados Beraldi, Valim y Borrego presentaron un informe técnico de Vialidad ante la ONU. Sostienen que Lázaro Báez recibió solo el 0,85% de los fondos investigados y buscan levantar la inhabilitación para las elecciones de 2027.
La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora dejó sin efecto el fallo de la jueza Marta Pascual. La resolución consideró una intromisión indebida del Poder Judicial suspender la ley que reduce la edad de imputabilidad en territorio bonaerense.
La AFA hizo oficial la agenda para la próxima fecha FIFA con partidos en Córdoba y Buenos Aires. El equipo de Scaloni se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín mientras crecen las expectativas por la posible presencia de Lionel Messi.
El gobierno británico afirmó que la Argentina carece de potestad para aplicar leyes sobre las petroleras que operan en el archipiélago. La respuesta llega tras las denuncias judiciales lanzadas por la Casa Rosada y la amenaza de bloquearles el acceso al RIGI.
Un emprendimiento familiar en Puerto Iguazú ofrece alojamiento gratuito a cambio de 25 horas semanales de atención al público. La propuesta exige un nivel fluido de inglés y plantea una permanencia mínima de tres semanas.
La defensa de la ex presidenta presentará novedades ante el Comité de Derechos Humanos internacional. Con nuevo equipo legal, busca revertir la inhabilitación perpetua que le impide competir en las próximas elecciones.
El titular del gremio de estatales presentó un pedido de acceso a la información pública para determinar si el Presidente está apto para el cargo. Cuestionó la diferencia de requisitos frente a los empleados públicos.
