Un tribunal de Seúl sentenció al expresidente por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos tras su fallido decreto de ley marcial. El fallo marca el inicio de una serie de procesos penales contra el exmandatario.
Un tribunal de Seúl sentenció al expresidente por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos tras su fallido decreto de ley marcial. El fallo marca el inicio de una serie de procesos penales contra el exmandatario.
La justicia de Corea del Sur dictó este viernes la primera sentencia condenatoria contra el expresidente Yoon Suk-yeol. El Tribunal del Distrito Central de Seúl le impuso una pena de cinco años de prisión al encontrarlo responsable de movilizar al servicio de seguridad presidencial para impedir su propia detención.
Los magistrados determinaron que el exmandatario, de 65 años, cometió abuso de autoridad para bloquear órdenes judiciales legítimas en enero del año pasado, tras el intento de imponer un régimen militar en diciembre de 2024.
Durante el proceso, que fue transmitido por televisión, el panel de tres jueces detalló que el ex fiscal general incurrió en la fabricación de documentos oficiales. El tribunal comprobó que el antiguo jefe de Estado omitió el procedimiento legal requerido para declarar la ley marcial, al no discutir la medida en una reunión formal del gabinete de ministros.
Según la sentencia, el acusado convocó únicamente a los funcionarios que consideraba leales, en un encuentro de apenas cinco minutos que vulneró los derechos de otros siete integrantes de su equipo de gobierno.
El juez principal, Baek Dae-hyun, señaló que el acusado no mostró arrepentimiento durante las audiencias. El magistrado sostuvo que Yoon utilizó a los efectivos del Servicio de Seguridad para fines personales, lo que derivó en una privatización de la fuerza pública para su propio beneficio.
Aunque la Fiscalía solicitaba una pena de diez años por estos cargos, el tribunal fijó la sentencia en la mitad del tiempo pedido, absolviéndolo únicamente de la acusación de difundir información falsa a la prensa internacional.
Los hechos que sustentan esta condena se remontan a los meses posteriores a la crisis institucional. En aquel momento, Yoon se atrincheró en su residencia privada para evitar a los investigadores que acudían a arrestarlo. Aquella operación fallida obligó a un segundo despliegue en el que participaron más de 3.000 policías, culminando en la primera detención en la historia del país de un líder en ejercicio de sus funciones.
Yoon escuchó el veredicto de forma serena en una sala colmada de partidarios. Su abogada, Yoo Jung-hwa, anunció a la salida del complejo judicial que apelarán la decisión por considerarla politizada. Por su parte, el expresidente defendió sus acciones previas bajo el argumento de que buscaba alertar sobre supuestas actividades antiestatales de la oposición.
Este fallo es el primero de una serie de juicios que enfrenta el exmandatario, quien fue destituido por el Tribunal Constitucional el pasado abril. El veredicto más crítico se espera para el 19 de febrero, cuando el tribunal determine si cometió el delito de insurrección. En ese proceso paralelo, la Fiscalía solicitó la pena de muerte por el despliegue de tropas que cercaron el Parlamento para impedir el ejercicio legislativo.
El impacto de este caso resuena en un país que posee una historia recurrente de procesos penales contra sus antiguos gobernantes. La situación procesal de Yoon incluye otras investigaciones por corrupción que involucran a su esposa, Kim Keon-hee.
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